"Es evidente que además de sufrir una grave sequía también sufrimos los efectos de una inadecuada planificación hidrológica". Así se ha manifestado el procurador salmantino David Castaño en relación a la suspensión del riego en varias provincias de nuestra Comunidad -y en concreto a los problemas de los regantes de cuatro comunidades del Bajo Duero-.
Castaño considera evidente “que faltan infraestructuras y que vamos con retraso en modernización de regadíos, tanto en tecnología como en ahorro de agua". "Hemos reducido claramente el riego por aspersión en beneficio del riego por goteo, y esto es positivo, pero seguimos abusando del riego por gravedad que produce un excesivo gasto de agua", añade.
El procurador de Ciudadanos ha criticado que la Confederación Hidrográfica del Duero esperara hasta mayo para informar de que no habría agua suficiente para riego recordando que, en el año 2012, "con menos problemas de agua, se informó en abril, lo que permitió que los agricultores planificaran correctamente".
En ese sentido, David Castaño ha recordado que a estas mismas alturas de 2016 los embalses estaban de media a un 80 % y en 2017 algunos están por debajo del 30%. "Castilla y León es incapaz de garantizar el agua mediante una red de infraestructuras y regadíos modernos, apostando por la tecnología", critica Castaño para quien la Junta de Castilla y León “tendrá que explicar la razón por la que no da pasos decisivos hacia la plena modernización de los regadíos y para mitigar el abuso del agua que se hace en ciertas comunidades de regantes".
Postura de UCCL
Por su parte, la Unión de Campesinos, UCCL considera que no tiene sentido que los regantes de cuatro comunidades del Bajo Duero, de las que forma parte Tordesillas, Pollos, Castronuño y Simancas-Geria-Villamarciel, se queden sin poder regar casi 5.000 hectáreas de zanahorias, cebolla, remolacha fresa, maíz y patata porque los regantes del Alto Duero hayan decido no ceder el agua que les sobra de sus regadíos.
Esta organización agraria considera que no tiene sentido que, sobrando tres hectómetros cúbicos de agua asignada a los regantes del Alto Duero que no van a utilizar, se permita desde la Confederación Hidrográfica del Duero y desde el Ministerio de Medio Ambiente, que se den “al traste” con los cultivos sembrados que es el sustento de muchas familias de Valladolid y de la que depende parte de la economía de la zona.
“Es la Administración quien tiene que tomar la decisión, ya que son ellos los responsables de la gestión del agua y no pueden pasar de perfil ante un problema que van a suponer unas pérdidas de 20 millones euros”, explican. Según la organización la CHD y el Ministerio “son unos incompetentes si no solucionan de forma inmediata el problema”.
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