La Alianza UPA-COAG ha solicitado reuniones con el Delgado Territorial de la Junta de Castilla y León y con el Presidente de la Diputación de Salamanca, para analizar las repercusiones de la entrada en vigor del Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León.
La sustitución del trámite de Licencia Ambiental previa al inicio de las obras por el de Comunicación Ambiental, posterior a la finalización de las obras y previa al inicio de la actividad, puede dar lugar a situaciones en las que los ganaderos se encuentren con situaciones inesperadas. Casos como que, una vez realizada la inversión, no puedan ejercer la actividad, porque alguien que comenzó la tramitación de una nueva explotación en una fecha posterior, pueda adelantarse e impedir la puesta en marcha de la actividad por incumplir distancias. Por ello, se ha solicitado al Delegado Territorial una reunión para estudiar estas situaciones y que la junta instrumentalice algún sistema que dé garantías jurídicas a los ganaderos.
Por otro lado, la entrada en vigor del Decreto 4/2018, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León, fija unas distancias de las explotaciones ganaderas a los cascos urbanos, inferiores a las fijadas en la normativa provincial, dando lugar a una desventaja de los ganaderos Salmantinos para instalar sus explotaciones frente a otras provincias. Por lo que, se hace necesaria la modificación de las normas provinciales en materia de distancias, lo que se une a la petición realizada para modificar otros parámetros urbanísticos como son la ocupación, alturas, retranqueos y equiparar las normas provinciales a las exigencias del resto de la comunidad, para lo que se pide al Presidente de la Diputación una reunión en la que poder tratar la modificación de las normas provinciales.
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