UPA cree que la liberalización de las plantaciones de viñedo provocaría un incremento de la oferta, debilitando las condiciones productivas de las zonas tradicionales de cultivo, y sería “especialmente perjudicial” para las zonas amparadas por indicaciones de calidad, como las Denominaciones de Origen.
Previsiblemente bajarían los precios de las uvas y los vinos, “muchos de los cuales ya reciben un precio menor a su valor real”. En opinión de UPA, la disminución de precios tendría como consecuencia la incapacidad de los viticultores de soportar todos los costes ligados a la producción, provocando abandono y un descenso importante de la calidad.
Para Lorenzo Ramos, “el régimen actual de derechos de plantación ha demostrado su eficacia en términos productivos y cualitativos en la Unión Europea frente a la fuerte competencia de los vinos de calidad de países terceros, y más aún, representa una medida sin coste financiero para la Unión Europea, por lo que apostamos firmemente por el mantenimiento de este sistema”.