La abogacía de Castilla y León alerta sobre las desigualdades en la justicia rural tras la nueva Ley de Eficiencia

El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) ha clausurado el curso judicial con una reunión de Pleno en Arévalo, marcada por la preocupación creciente sobre el acceso a la Justicia en el medio rural tras la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Los abogados temen que la reestructuración del sistema judicial, con la creación de Tribunales de Instancia y Oficinas Municipales de Justicia, genere una brecha entre el servicio que reciben los ciudadanos del campo y los de las capitales.

Desde el 1 de julio, los Tribunales de Instancia han sustituido a los antiguos juzgados de Primera Instancia, y las Oficinas Municipales de Justicia han relevado a los juzgados de paz en 32 partidos judiciales fuera de las capitales de provincia de Castilla y León. El presidente del CACYL, Fernando Rodríguez Santocildes, ha manifestado su inquietud: "Nos preocupa la aplicación de una ley que, en la práctica, hace que el acceso a la Justicia sea más complicado para el ciudadano del mundo rural que para el que reside en la capital".

La principal preocupación radica en la menor especialización de los funcionarios municipales y la falta de medios materiales en estas nuevas oficinas, que dependen directamente de los ayuntamientos. Esta situación se agrava con la obligatoriedad, desde abril, de acudir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) —como la mediación o conciliación— antes de iniciar procedimientos civiles, familiares o mercantiles. Si bien esta exigencia también se aplica en las capitales, su implementación en zonas rurales es un desafío logístico y de recursos.

Mónica Pérez Villegas, presidenta del Grupo de Trabajo de Abogacía Rural del CACYL, ve en las Oficinas Municipales de Justicia una oportunidad, pero subraya la necesidad de inversión: "Ahí tenemos una vía de una oportunidad para las oficinas de municipales de Justicia, pero hace falta que el Ministerio lo dote presupuestariamente, que coordine y que haga un extenso trabajo de formación, para proveer a esas oficinas de todas las funciones que prevé la ley".

A estos desafíos se suman problemas ya arraigados en las sedes judiciales rurales: la carencia de medios materiales, la elevada interinidad del personal y la falta de presencialidad de operadores esenciales como el Ministerio Fiscal, forenses o equipos psicosociales, que a menudo obligan a desplazamientos a la capital. Además, el envejecimiento de la población rural se refleja en la abogacía, con una preocupante falta de relevo generacional.

El Grupo de Trabajo de Abogacía Rural del CACYL, creado el año pasado, ha presentado su último informe, recopilando datos sobre la situación de la abogacía en el territorio. Este grupo trabaja en la creación de una red de abogados rurales para ofrecer apoyo y visibilidad, además de canalizar quejas e inquietudes. Entre los próximos pasos debatidos en el Pleno, destaca la colaboración con entidades locales e instituciones provinciales para asegurar un acceso equitativo a la Justicia en toda la comunidad.

Homenaje a Julio Sanz Orejudo: Gran Cruz al Mérito del CACYL

La sesión plenaria de este viernes también fue el escenario de un emotivo homenaje a Julio Sanz Orejudo, quien ha presidido el CACYL durante los últimos ocho años (2017-2025). Sanz Orejudo recibió la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía de Castilla y León, la máxima distinción otorgada por el Consejo, a petición del actual presidente, Fernando Rodríguez Santocildes, y aprobada por aclamación el pasado 30 de abril.

Natural de El Espinar (Segovia), Julio Sanz Orejudo es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y se colegió en Segovia en 1980. Su trayectoria profesional incluye cargos de responsabilidad en su Colegio, culminando como decano entre 2008 y 2018. Simultáneamente, se incorporó al CACYL, donde fue vicepresidente primero antes de asumir la presidencia. También ha sido consejero del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), participando en importantes organismos como la Oficina de Representación Institucional y la Comisión de Ordenación Profesional y Colegial.

El acto de entrega de la Gran Cruz contó con la presencia de todos los consejeros del CACYL, el presidente del CGAE, Salvador González, y diversas autoridades civiles y judiciales. La expresidenta del CGAE, Victoria Ortega, fue la encargada de leer la "laudatio" en honor a Sanz Orejudo, destacando su incansable labor en la creación de la Comisión Mixta con el TSJCyL y su decisiva contribución a la unión entre los nueve colegios de abogados de Castilla y León.