La Plataforma de Afectados por la Hostelería y Afines de Palencia y provincia anula la apertura de establecimientos prevista para mañana, 4 de diciembre, en desobediencia a la decisión de la Junta de mantener cerrados los locales. La decisión se debe a las posibles sanciones a las que se enfrentaban y que oscilaban entre los 3.000 y 60.000 euros.
En comunicado, la PAHP recordó que planteó un plan de insumisión ante el cierre de la hostelería para frenar el COVID-19, pero explicó que se cancela ante las multas que recaerían sobre los establecimientos, como indicaron les recordó el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.
"Significaría la puntilla para la mayoría de los locales que fueran sancionados", afirmó la Plataforma, quien añadió que además se les informó por parte de la Policía que los clientes que hicieran uso del servicio en el local también serían sancionados con hasta 600 euros.
Por ello, la Plataforma aseguró que están trabajando para desarmar estas normas arbitrarias y sin fundamentos que no son de ley y atentan contra principios básicos de la constitución.
Por otro lado, señalaron que las instituciones locales les sugirieron desistir, con el "aliento" de que tanto el Ayuntamiento, como la Diputación Provincial y la Delegación Territorial de la Junta mediarían en defensa de los intereses de la hostelería en Palencia y provincia.
Finalmente, la Plataforma informó de que estudia pedir la tutela judicial efectiva para "no seguir siendo guiados a la ruina como borrego". "No volveremos a permitir un cierre de nuestros negocios sin que exista una indemnización previa, clara e inmediata", concluyó.
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