Agentes medioambientales y bomberos forestales rechazan el decreto sobre el operativo de incendios frente a las Cortes

El Decreto-Ley 1/2025 de medidas urgentes sobre el operativo de incendios forestales de la Junta de Castilla y León ha decaído este miércoles en las Cortes autonómicas tras el voto en contra de toda la oposición en bloque. Esta decisión se ha producido en el marco de una ruidosa protesta convocada frente al Parlamento por sindicatos y asociaciones profesionales, que consideran la normativa un "engaño" e insuficiente.

Unas 300 personas, según fuentes policiales, se manifestaron convocadas por CSIF, CCOO, UGT, CGT y Apamcyl-USCAL. Los manifestantes, entre ellos agentes medioambientales y bomberos forestales, lanzaron petardos, tocaron bocinas y guardaron un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en los incendios del pasado verano.

Los responsables sindicales han coincidido en señalar que el decreto ley no mejoraba las condiciones de los trabajadores ni aseguraba un operativo "100% público": Agustín Argulo (CSIF) censuró el "engaño" de la Junta, afirmando que el decreto no beneficia a los bomberos forestales que están en "primera línea de fuego" y que el operativo no tendría "un efectivo más". Calificó la negociación como una "imposición" y lamentó que el decreto no cumpla las leyes básicas de bomberos forestales y agentes medioambientales. Carlos Arenas (UGT) coincidió en el concepto de "engaño", señalando que si se repiten las circunstancias del verano, "el resultado va a ser exactamente el mismo". Tildó la norma de "parche" para "tranquilizar" a la sociedad de cara a las elecciones de marzo y abogó por un operativo Público, Profesional y Permanente (tres "P") y 100% público.

Juan Carlos Hernández (CCOO) aseguró que las propuestas no mejoran "absolutamente nada", pues solo "cambian los cromos de empresas privadas a empresas públicas o semipúblicas" con condiciones laborales que no son de empleados públicos. Afirmó que quienes se "queman las cejas" cobrarán solo "migajas", mientras que las cuantías altas serán para quienes "no ven los incendios nada más que de lejos".

Alberto García Sanz (CGT) criticó el incumplimiento de acuerdos previos firmados y advirtió que la Junta "no quiere" reconocer al personal como bombero forestal ni que el servicio sea público y Esaú Escolar (Apamcyl) criticó la incorporación de 97 técnicos a las comarcas, considerándola un "nuevo ataque" y un "ataque frontal" al colectivo de agentes medioambientales con sobrada preparación.

Los manifestantes colocaron en el exterior de las Cortes figuras que simulaban al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y al director general José Ángel Arranz, a los que exigieron la dimisión.

Tras la no convalidación del Decreto-Ley, la Junta de Castilla y León lamentó la decisión adoptada por las Cortes, defendiendo que la norma era crucial para la "modernización y mejora de la estructura y el funcionamiento del operativo".

El Gobierno autonómico afirmó que la caída del decreto imposibilita la puesta en marcha inmediata de medidas esenciales, como:

• La fijeza de los puestos fijos discontinuos durante todo el año.
• La creación del nuevo Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B con sus complementos retributivos.
• La progresiva implantación de un operativo 100 % público.
• La calificación de bombero forestal con beneficios salariales y sociales para los empleados públicos del operativo.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, señaló que la no convalidación "afecta no solo a las condiciones laborales de los profesionales del operativo, sino también a la capacidad de respuesta ante emergencias". El consejero añadió que "cada una de las partes implicadas deberá asumir las responsabilidades que le correspondan en este escenario".