Las reglamentaciones incluidas en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales para la Administración que ha sido aprobado hoy afectarán a 6.356 centros de toda la Comunidad y a 84.327 empleados públicos. Estas nuevas regulaciones definen los requisitos que se deben cumplir para garantizar la implantación efectiva de la política de prevención de riesgos de la Administración y el correcto funcionamiento del sistema preventivo. Además, se pretende eliminar y reducir los riesgos asociados a las actividades que desarrollan los empleados públicos, integrando la seguridad y salud laboral en el conjunto de las actividades y estructuras jerárquicas de la organización.

El nuevo plan recoge el conjunto de recursos con los que cuenta la Administración para realizar correctamente la Política de Prevención de riesgos, basado en un sistema mixto que cuenta con medios propios y ajenos. Los recursos propios son las personas dedicadas a la materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración general y los organismos autónomos -436 personas-. Por otro lado, se cuenta con medios ajenos que se ocupan de las actividades preventivas que no son asumidas a través del servicio de prevención propio. Concretamente, estos medios se refieren a la Seguridad en el Trabajo y a la Medicina del Trabajo -salvo en el SACYL que sí lo asumen los medios propios- y ascienden a 186 personas. Además, se incluyen los recursos técnicos con los que cuenta el Gobierno de la Comunidad y los económicos- provenientes de las cantidades asignadas anualmente en los Presupuestos Generales de la Comunidad-.

En el acuerdo marco firmado recientemente con los representantes de los trabajadores, la Junta de Castilla y León se comprometió a estudiar a lo largo de 2016 la posibilidad de avanzar de un modelo de prevención de riesgos laborales mixto hacia otro en el que las cuatro especialidades preventivas sean públicas.

Estructura organizativa

La estructura organizativa del Plan supone la identificación de los distintos estamentos jerárquicos con responsabilidad en la materia de prevención de riesgos y se concretan en las siguientes categorías. En primer lugar, la consejería competente en materia de prevención de riesgos laborales ?en esta nueva legislatura será la Consejería de la Presidencia- asume el diseño, coordinación, control y dirección de las actividades relativas a la prevención de riesgos laborales. Por su parte, las consejerías y los organismos autónomos son a su vez responsables de esta materia de acuerdo con la estructura determinada en la ley de creación de cada uno de ellos.

Los secretarios generales y cargos equivalentes de los organismos autónomos deben velar por la prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo adscritos a su consejería y las direcciones generales coordinarán y controlarán la ejecución de las medidas en los centros de ellas dependientes.

Por otro lado, los delegados territoriales y los órganos de carácter periférico de los organismos autónomos deberán coordinar el desarrollo y ejecución de las actuaciones preventivas este ámbito. Por su parte, los directores o encargados que se designen en los distintos centros de trabajo, que serán los responsables directos en cada centro.

El plan también indica que son responsables de la correcta ejecución de las medidas los delegados de prevención, que son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos.

Para finalizar, el plan incide en que los propios empleados públicos son también responsables de velar por las medidas de prevención en el desempeño de las funciones de su puesto de trabajo. Los órganos de consulta, participación y negociación de los empleados públicos en materia de prevención están constituidos por el Comité y el Comité Intercentros de Seguridad y Salud y la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales.

Respecto a la parte más técnica, dicho plan establece tres grupos de procedimientos: los generales, que son aquellos comunes a cualquier sistema de gestión de calidad; los específicos, enfocados solamente al sistema de la seguridad y salud en el trabajo que son comunes a la Administración de la Comunidad incluidos los organismos autónomos; y los específicos por actividad, que por sus características particulares no se aplica a otros colectivos dentro de la Administración.

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