Blanco ve "inseguridad jurídica" y pide "transparencia" sobre los fallos en las pulseras antimaltrato

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha expresado su preocupación por la "inseguridad jurídica" que, a su juicio, presenta el procedimiento para la acreditación administrativa de las situaciones de violencias sexuales, impulsado por el Gobierno central.

Tras participar por videoconferencia en la Conferencia Sectorial de Igualdad, la consejera informó este lunes de que la Junta se abstuvo en la votación del nuevo mecanismo de reconocimiento para mujeres víctimas de agresiones sexuales, el cual finalmente fue aprobado.

Otro punto de fricción en la reunión sectorial fueron los recientes fallos en las pulseras antimaltrato. La consejera lamentó que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se refiriera a estos incidentes como "incidencias técnicas" sin trasladar "mayor información" sobre lo ocurrido a "finales del año pasado" y el "acaecido hace escasos días".

Blanco reclamó un cambio de enfoque, subrayando que la transparencia y la información son cruciales para que las mujeres "se sientan seguras, se sientan protegidas".

"Entendemos que es necesario... solucionar lo que la ministra llama incidencias técnicas", apostilló la vicepresidenta, reafirmando el "compromiso" de la Junta de Castilla y León con la protección de las mujeres.

Además, la Junta ha presentado alegaciones al anteproyecto de la Ley de Violencia Vicaria, otro de los temas abordados en la Conferencia Sectorial.