Castilla y León, entre las regiones afectadas por la "Mafia del Cobre" desarticulada

La Guardia Civil ha logrado desmantelar por completo un peligroso grupo criminal autodenominado la "Mafia del Cobre" en el marco de la "operación Kuroma". A esta organización se le atribuyen un total de 102 robos de cobre perpetrados en ocho comunidades autónomas de España, con un valor estimado de los bienes sustraídos que asciende a 2,5 millones de euros. En esta importante operación, se ha detenido a 21 personas y se han recuperado 20 toneladas de metal robado.

La "operación Kuroma" comenzó en junio de 2024 en Valencia, cuando las autoridades comenzaron a sospechar de la existencia de un grupo criminal organizado. La investigación se aceleró al constatar 37 robos de cobre en tan solo 48 días, y la aparición de pintadas con el lema "Mafia del Cobre" en los lugares de los hechos, lo que confirmó la identidad y el patrón de actuación de la banda.

Esta organización criminal se especializaba en la sustracción de cables de gran grosor de diversos establecimientos, incluyendo instalaciones fotovoltaicas, depuradoras y bodegas de vino. La gravedad de sus acciones trascendió el ámbito patrimonial, llegando a afectar directamente a servicios esenciales para la comunidad, provocando la interrupción del suministro de agua y electricidad en las zonas damnificadas.

El grupo actuaba todos los días de la semana, operando desde la provincia de Madrid. Desde allí, cometían robos tanto en la capital como en otras siete comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia.

Durante la investigación, se descubrió que la "Mafia del Cobre" poseía una estructura altamente jerarquizada y organizada. La banda se dividía en grupos con funciones específicas: uno encargado de la ejecución material de los robos, otro dedicado a la recopilación de datos y planificación de los "golpes", y una tercera parte de la organización centrada en la venta y distribución del material robado.

Los delincuentes operaban en "rondas", cometiendo varios robos en un período de cuatro o cinco días. Además, se organizaban en células relativamente independientes que, en ocasiones, crecían con la llegada de nuevos integrantes desde Rumanía. Para financiar los gastos de estas "rondas" y asegurar la participación en los robos, los criminales establecían un "bote" con aportaciones económicas. Esta medida les permitía, además, asegurar que no participaran personas con problemas económicos o adicciones que pudieran comprometer la operación.

Un negocio lucrativo y multidimensional

El valor total de los bienes robados por esta red criminal asciende a los 2,5 millones de euros. Más allá del cobre, la banda también se dedicaba al robo de carburante, que posteriormente vendían a un receptador, y de vehículos para utilizarlos en los "golpes". Los cables sustraídos eran finalmente enviados a una localidad de Madrid para su venta y posterior refundición, completando así la cadena delictiva.

Dada la importante actividad delictiva del grupo y su compleja organización, la desarticulación requirió un exhaustivo trabajo de investigación y la colaboración internacional. La Guardia Civil tuvo que intercambiar información con la policía rumana y organizar la operación en tres fases diferenciadas.

En la primera fase, se desmantelaron dos de las células de la organización y se detuvo a once de sus miembros cuando regresaban de cometer dos robos. A continuación, se llevaron a cabo tres registros en domicilios de Getafe (Madrid), donde se detuvo a seis integrantes de otra de las células. Finalmente, durante la tercera fase de la operación, se detuvo a cuatro personas, incluido uno de los principales encargados de la venta de los bienes robados, perteneciente a la última célula criminal activa.

En total, se ha detenido a 21 personas, con edades comprendidas entre los 20 y los 33 años, de las cuales 13 ya han ingresado en prisión. Se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza en las cosas, robo y uso de vehículo, usurpación del estado civil y receptación.

La investigación ha sido desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil de la Compañía de Sagunto, la Comandancia de Madrid y la Comandancia de Cuenca. Las diligencias han sido entregadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sagunto, que será el encargado de continuar con el proceso judicial.