Castilla y León recurre al Constitucional el reparto de menores migrantes impuesto por el Gobierno

La Junta de Castilla y León ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del Gobierno central que establece el reparto entre comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados. La administración autonómica considera que esta medida supone una "imposición unilateral" que invade competencias exclusivas en materia de protección y tutela de menores.

Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien ha detallado que el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional denuncia la vulneración de hasta diez artículos de la Constitución Española, fundamentados en siete causas diferentes.

Competencias y financiación, los ejes del conflicto

Fernández Carriedo ha subrayado que el reparto definido por el Ejecutivo central es "claramente insolidario" y supone una cesión indebida de competencias estatales a las comunidades autónomas, afectando incluso —a juicio de la Junta— al control de fronteras, que es competencia exclusiva del Estado.

Además, ha criticado que el modelo impuesto no respeta el principio de autonomía financiera de las comunidades, ya que Castilla y León tendría que asumir los costes del acogimiento de estos menores sin recibir financiación adicional. “Otras comunidades recibirán fondos, mientras que a nosotros se nos exige asumir un gasto sin compensación”, ha denunciado, calificando la situación como un agravio comparativo.

Quiebra de la cooperación institucional

Entre los argumentos jurídicos del recurso, la Junta destaca también la ruptura de los principios de colaboración, cooperación y coordinación entre administraciones, al imponerse el reparto sin atender al consenso alcanzado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de 2022, donde se pactaron criterios distintos.

Asimismo, el Gobierno autonómico sostiene que el uso de un Real Decreto-ley para legislar esta materia supone una “intrusión” en ámbitos reservados a una Ley Orgánica, y no se justifica la extraordinaria y urgente necesidad exigida por la Constitución para recurrir a esta vía legislativa.

Diálogo sí, imposición no

El portavoz del Ejecutivo regional ha asegurado que la Junta siempre ha mostrado “voluntad de diálogo y acuerdo”, pero considera que el Gobierno ha tomado una decisión "pactada con partidos separatistas" que atenta contra el régimen competencial y los principios de equidad entre comunidades.

Por último, ha recordado que Castilla y León tiene competencias en la construcción y dotación de centros de acogida, pero no en la gestión de flujos migratorios, que corresponde al Estado. “Si esas competencias se ejercieran adecuadamente, no estaríamos en esta situación”, ha zanjado Fernández Carriedo.