La Junta de Castilla y León ha anunciado que recurrirá el Real Decreto que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería y regula el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. Así lo declaró hoy la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien calificó de “paripé” la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia.
“Pues no esperamos nada, sinceramente”, declaró Blanco, criticando la falta de información concreta sobre el número actual de menores en Canarias y Ceuta, o sobre cuántos deberá acoger Castilla y León. Señaló que, pese a haber remitido en “tiempo y forma” la documentación solicitada, no han recibido datos claros del Gobierno.
La consejera anunció que votarán en contra del decreto, denunciando que la medida pretende “ratificar cesiones a socios independentistas” en lugar de buscar una solución consensuada. Blanco acusó al Ejecutivo central de usar a los menores como moneda de cambio para sostener al presidente Pedro Sánchez en La Moncloa.
“Somos solidarios, pero desde la igualdad y no desde la imposición”, afirmó. Actualmente, Castilla y León acoge a 178 menores no acompañados, y dispone de 130 plazas específicas. Según Blanco, mientras se asignan 20 menores a Cataluña, se estiman 300 para su comunidad. “Los menores merecen atención digna y protección real, no un reparto arbitrario”, concluyó.
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