La conferencia de presidentes en jaque: el Gobierno central ignora las demandas autonómicas
En el ámbito educativo, se solicitaba la implicación del Gobierno central en la financiación de la educación gratuita de 0 a 3 años, un coste que actualmente asume íntegramente la Junta de Castilla y León. En cuanto a la vivienda, se demandaba la aprobación de medidas efectivas para luchar contra la ocupación ilegal
La Conferencia de Presidentes, cuya celebración está prevista para el 6 de junio en Barcelona, se encuentra en una situación crítica. La reunión del Comité Preparatorio, celebrada hoy en la sede del Ministerio de Política Territorial, ha concluido sin un Orden del Día consensuado. El motivo es la negativa del Gobierno de España a incluir las propuestas presentadas por la mayoría de las comunidades y ciudades autónomas, lo que contraviene el propio reglamento que rige este importante foro de diálogo.
Luis Miguel González Gago, consejero de la Presidencia de Castilla y León, ha criticado duramente la postura del Ejecutivo central. Ha recordado que, según el Artículo 5.2.c) del Reglamento de la Conferencia de Presidentes, cualquier punto propuesto por la mayoría de las comunidades autónomas debe incorporarse automáticamente al Orden del Día. Sin embargo, el ministro ha decidido omitir esta normativa, generando un profundo malestar entre los representantes autonómicos.
Demandas clave de las autonomías que el Gobierno ha desestimado
Trece de las diecinueve comunidades y ciudades autónomas, entre ellas Castilla y León, habían planteado una serie de temas que consideraban cruciales para el debate. Estas propuestas, respaldadas por una clara mayoría, han sido completamente ignoradas por el Gobierno de España. Entre los puntos que la Junta de Castilla y León había propuesto se encontraban la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica y el rechazo a la mutualización de la deuda de las comunidades.
Asimismo, se buscaba abordar las crisis en infraestructuras estratégicas como las ferroviarias, de transportes y de telecomunicaciones, así como la inseguridad generada por el modelo energético actual tras la reciente crisis del apagón. Otros temas vitales para las autonomías eran la reafirmación del control de las fronteras nacionales y la inmigración como competencias exclusivas del Gobierno, y la búsqueda de soluciones ante la carencia de médicos y enfermeros, especialmente en especialidades deficitarias.
Propuestas iniciales del Gobierno y las aportaciones autonómicas
Si bien el Gobierno de España había propuesto inicialmente la inclusión de la educación y la vivienda en el Orden del Día, las comunidades autónomas aceptaron estas sugerencias y las enriquecieron con sus propias aportaciones.
En el ámbito educativo, se solicitaba la implicación del Gobierno central en la financiación de la educación gratuita de 0 a 3 años, un coste que actualmente asume íntegramente la Junta de Castilla y León. En cuanto a la vivienda, se demandaba la aprobación de medidas efectivas para luchar contra la ocupación ilegal.
Sin embargo, la contrapropuesta presentada hoy por el Estado ha resultado insuficiente. Ha dejado fuera puntos de gran relevancia para Castilla y León, como el análisis de las infraestructuras críticas (la supresión de paradas de tren y autobús, y la deficiente cobertura de internet en la región), el debate sobre un nuevo modelo de financiación autonómica, la falta de profesionales sanitarios y el control de fronteras e inmigración.
El futuro de la Conferencia en el aire
La reunión ha concluido con una votación que ha puesto de manifiesto la oposición mayoritaria de las comunidades autónomas a la postura del Gobierno. En consecuencia, y por la negativa del Ejecutivo central a escuchar la voz de las autonomías y a cumplir con el reglamento, actualmente no existe un Orden del Día definido para la Conferencia de Presidentes del próximo 6 de junio. Este hecho es especialmente grave, ya que se trata del órgano de máximo nivel para el diálogo y la cooperación entre el Gobierno Central y las comunidades autónomas.
Ante esta situación, el consejero Luis Miguel González Gago ha instado al Gobierno de España a reconsiderar su postura en los próximos días. "El presidente del Gobierno tiene la obligación legal y ética de escuchar qué tienen que decir los presidentes autonómicos, que mayoritariamente quieren encontrar soluciones a los principales problemas que aquejan a los ciudadanos, problemas comunes a todo el territorio español y que, en el caso de Castilla y León, afectan de forma especial a su población", ha afirmado González Gago.
La incertidumbre sobre la agenda y, por ende, sobre la relevancia de la Conferencia de Presidentes, planea sobre este crucial encuentro.
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