El primero de los acuerdos consiste en que la Consejería de Hacienda facilita a las Cortes el acceso tanto a la Red SARA de telecomunicaciones como a la aplicación @firma de validación de certificados. Gracias a esto el Parlamento podrá, por una parte, intercambiar y compartir información de manera segura con todas las administraciones públicas conectadas a la plataforma SARA. Por otra, dispondrá de las herramientas necesarias para comprobar la autenticidad de las firmas y certificados electrónicos, así como para aplicarlos a ficheros y formularios. Con ello se consigue un uso más eficiente de los recursos públicos, puesto que entre sus ventajas figura la posibilidad de consultar documentación que obra en poder de otras instituciones.

El segundo convenio que han suscrito esta mañana María Josefa García Cirac y Pilar del Olmo contempla la adhesión de las instituciones propias de la Comunidad y la Secretaría General que las apoya (SGAIP) a la Plataforma de Facturación Electrónica de la Junta, que depende de la Consejería de Hacienda. Esto supone que el Consejo Económico y Social (CES), el Procurador del Común, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas y la SGAIP se beneficiarán de la tecnología informática más avanzada para la elaboración y el envío telemático de facturas electrónicas. Además se recoge la posibilidad de que puedan utilizar el Registro Público de Contratos y el Sistema de Adquisición Centralizada del Gobierno autonómico.

Por último, la presidenta de las Cortes y la consejera de Hacienda han rubricado un tercer documento de colaboración en materia de cesión de medios para la formación del personal. En concreto, la Junta permitirá que el Parlamento utilice tanto la plataforma de teleformación MOODLE de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP) como sus contenidos de ?e-learning?, de modo que la Cámara pueda promover cursos a través de Internet para sus empleados.

Herramienta eficaz para la gestión de los recursos públicos

Conviene recordar que la colaboración entre instituciones viene recogida tanto en la Constitución como en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que recoge que sus relaciones deben regirse por el principio de cooperación y sus actuaciones por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.

Una de las formas de relación tradicional entre administraciones y otros organismos e instituciones públicas son los convenios, un instrumento jurídico de uso generalizado que se ha acreditado como especialmente eficaz para la gestión de los recursos públicos desde la perspectiva de su aprovechamiento racional, puesto que se traduce en la coordinación de esfuerzos con la consiguiente economía de medios.

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