La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), tras conocer que un nuevo ayuntamiento, en este caso el de Arenas de San Pedro (Ávila), va a crear un grupo de bomberos voluntarios adscritos a la Agrupación Local de Protección Civil, advierte que la responsabilidades son de los ayuntamientos y exige que los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de bomberos profesionales no sean sustituidos por personas voluntarias.
En este sentido,advierte a los alcaldes que, si no se atienen a las leyes, serán ellos los quetengan que dar explicaciones a la Tesorería de la Seguridad Social, Trabajo eincluso Fiscalía, en caso de que se produzcan denuncias, que hasta ahora no sehan presentado. “Algo que puede ocurrir, si se siguen vulnerando los interesesde la figura del bombero profesional funcionario, a pesar de las reiteradasadvertencias de este colectivo”, señala Juan Carlos Prieto, el coordinadorautonómico de Seguridad y Bomberos en CSIF Castilla y León
Explica que desdehace unos años “se está haciendo una interpretación errónea de la norma,contradiciendo las diferentes leyes de rango nacional y autonómico, y poniendoen riesgo la seguridad de la ciudadanía, al sustituir un servicio esencial porley y derecho, como son los SPEIS, por un grupo de voluntarios que, de igualmanera, tiene en su propia ley la imposibilidad de sustituir a un servicioesencial de obligado cumplimiento para todas las administraciones, es decir,Junta de Castilla y León, diputaciones yayuntamientos.
Juan Carlos Prieto ha remarcado que, por no asumir el coste de estos servicios públicos conprofesionales funcionarios, “están proliferando los servicios de bomberosvoluntarios, que hay que parar, porque genera discriminación e indefensiónentre los funcionarios profesionales, y porque es un riesgo para la sociedad,porque esos voluntarios no están suficientemente preparados para las tareas alas que tendrán que enfrentarse, ni tienen reconocimiento de autoridad”.
CSIF aclara que,“igual que somos los primeros en reconocer la labor social que las asociacionesde voluntarios aportan a nuestros municipios, también somos los primeros enexigir que no se trasgredan las diferentes leyes existentes, que defienden losderechos de la sociedad, incluso en los municipios más pequeños y abandonadosde nuestra Comunidad vaciada”. Leyes como el Estatuto Básico del EmpleadoPúblico, la Reguladora de Bases de Régimen Local, la de Contratación Pública,la de la Función Pública, la de Voluntariado y la de Protección Civil, o la deProtección Ciudadana de Castilla y León, “que se están incumpliendo”.
CSIF, que apoya ydefiende los servicios públicos y de calidad, y en este caso a los servicios deextinción de incendios y salvamento profesionales, insiste en que lasadministraciones deben ceñirse a la ley. “No estamos en contra de losvoluntarios, entendiendo que estos se deben de limitar a sus funciones básicasregladas por la ley, pero las administraciones, haciendo dejación de suresponsabilidad, no pueden suplantar al profesional, ni tener una relacióneconómico-laboral con los voluntarios”, recalca la organización sindical.
Asegura que lasolución pasa porque se inviertan las partidas que se necesiten, para ircreando la infraestructura y los recursos adecuados; y exige que se gestione eldinero aportado por UNESPA (la unión de aseguradoras españolas) “en lo quecorresponde y marca la ley, que no es otra cosa que el mantenimiento, materialy formación de los parques de bomberos profesionales”.