Casi uno de cada cuatro castellanos y leoneses en riesgo de pobreza

Casi una de cada cuatro habitantes de Castilla y León está en riesgo de pobreza, una situación que se agudiza en las zonas rurales y entre las mujeres, según el XV Informe 'El estado de la pobreza y la exclusión social en Castilla y León' elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN).

El informe se ha presentado este viernes en el Consejo Económico y Social (CES) con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra el 17 de octubre, en un acto al que han asistido el presidente del CES, Enrique Cabero, y el de EAPN Castilla y León, Óscar Castro, quien ha recordado que la lucha contra la exclusión social "no es sólo una labor y una cuestión de solidaridad, sino un imperativo global de derechos humanos".

Castro, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha señalado que el informe, elaborado con una muestra de 4.018 personas y referente a 2024, es "preocupante" porque refleja que casi una de cada cuatro personas en la Comunidad vive en riesgo de pobreza o exclusión social, un 24 por ciento --por debajo del 25,8 por ciento de media nacional--, lo que supone unas 574.000 personas, aunque la pobreza severa desciende "ligeramente" hasta el 8,4 por ciento y mejora con respecto a 2023. "Es una mejoría, pero todavía inaceptable en términos de justicia social", ha apuntado.

En el informe se destaca que Castilla y León empeora de cara a conseguir el objetivo marcado para 2030 de reducir la tasa AROPE, ya que para lograrlo debería estar 7,8 puntos por debajo de la situación actual.

Además, el presidente de EAPN ha destacado el hecho de casi un tercio de la infancia en Castilla y León, el 31,8 por ciento de la población, de los niños, vive en riesgo de pobreza o exclusión social.

"La pobreza infantil sigue siendo el rostro más injusto y doloroso de esta realidad", ha asegurado Castro, quien ha añadido que les preocupa la pobreza infantil, pero también la juvenil porque los jóvenes de 18 a 29 años son el segundo grupo de riesgo. En concreto, alcanzan un 25,6 por ciento de situación de riesgo de pobreza.

Brecha de género y rural

Por otra parte, el informe constata que se mantiene la brecha territorial y, mientras que en las ciudades la tasa AROPE es de un 20 por ciento de media, en el medio rural alcanza el 30. "Una diferencia que refleja, bien a las claras, que la desigualdad de oportunidades es palpable según el lugar donde se viva", ha matizado.

Asimismo, otra de las brechas de las que considera que ni se "puede" ni se "debe" dejar de hablar es la de género, dado que la mujer se encuentra en mayor riesgo que los hombres en todos los indicadores, salvo en el de pobreza severa.

Según el informe, la tasa de pobreza en Castilla y León se sitúa en el 18,5 por ciento, por debajo de la media (19,7), agudizada en la mujer (19,4 frente al 17,6 por ciento), y la pobreza severa alcanza el 8,5 por ciento de la población (igual que en el conjunto del país).

Por su parte, la tasa de carencia material y social severa (CMSS) se sitúa en la Comunidad en el 6,5 por ciento frente al 8,3 nacional y la baja intensidad de empleo en el hogar (BITH) es del 7 por ciento (el 8 en la media nacional).

Por otro lado, una de las conclusiones que ha destacado Castro es que, sin la acción de las administraciones públicas, la pobreza se encuentra en todos los indicadores y llegaría al 45,7 por ciento de la población, algo que considera que es "lo más llamativo".

Todo ello, a su juicio, demuestra lo que reclama la Red, que aunque las políticas públicas funcionan, es necesario "seguir reforzando" las mismas, ya que tienen como objetivo la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Por ello, ha recordado que EAPN defiende un sistema integral que garantice rentas "dignas y continuas" a lo largo del ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez, que aseguren el acceso a una vivienda "adecuada", al empleo "digno", a la educación "inclusiva" y a unos servicios sociales "accesibles y humanos".

A este respecto, ha advertido de que nada de esto será sostenible si no se avanza hacia una justicia fiscal real, que asegure los recursos necesarios para sostener los derechos sociales porque "no basta con que la economía crezca", ya que en Castilla y León lo está haciendo por encima de la Unión Europea, pero lo que se necesita es que lo haga "con equidad" y un sistema fiscal justo es el que permite financiar la educación, la sanidad las políticas de vivienda, los servicios sociales o las rentas mínimas "que sostienen la dignidad de las personas".

"La pobreza no es solo una carencia de recursos, es también una consecuencia de la desigualdad en la distribución de la riqueza", ha aseverado Óscar Castro.

Pacto por las familias

En este contexto, el presidente de EAPN ha señalado la "oportunidad única" que supone el Pacto Social por las Familias de Castilla y León para, entre las administraciones y las entidades sociales, "fortalecer" el apoyo a las familias, especialmente aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Aunque se están dando pasos en esta materia, Castro considera necesario "seguir avanzando" y desarrollar muchas de las medidas que en el pacto se recogen, por lo que ha hecho un llamamiento a acelerar el desarrollo del Pacto, "a dotarlo de la ambición y los recursos que las familias de la Comunidad necesitan y merecen".

En este sentido, ha aclarado que "acelerar" el Pacto no es sólo una "cuestión administrativa", sino que "es una oportunidad real" para reducir la pobreza, mejorar la cohesión social y ofrecer "esperanza" a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

"Este acuerdo es una herramienta clave para garantizar que ninguna familia se quede atrás y para demostrar que la colaboración entre lo público y el Tercer Sector puede transformar la vida de las personas como viene haciéndolo durante muchos años", ha agregado el presidente de la Red en Castilla y León.

Finalmente, ha incidido en que la lucha contra la pobreza y la exclusión social no puede depender de programas, de datos o estadísticas, sino que es una tarea "colectiva" y un compromiso de todos los sectores de la sociedad y ha agregado que reducir la pobreza "no es solo una cuestión de justicia, es una estrategia de desarrollo" y "una sociedad más igualitaria es una sociedad más fuerte más innovadora y rica en todos los sentidos".

En este marco, el presidente del CES ha apuntado que la pobreza y la exclusión social son los problemas "más graves" del Estado social y democrático de Derecho y ve necesario esforzarse "colectivamente" desde los poderes públicos y la sociedad en corregir este fallo, que además de a las personas, afecta muy directamente a la legitimación del propio sistema.

Enrique Cabero ha señalado que la principal conclusión que extrae el CES del informe es que es "imprescindible articular medidas políticas de erradicación de la pobreza" porque "por sí misma no se soluciona".

Además, ha advertido de que no hay un efecto "automático" entre el crecimiento económico y el descenso de la pobreza, algo que se refleja en el informe, por lo que ha insistido en la necesidad de "asumir como prioridad" de los poderes públicos en el marco constitucional y estatutario, la erradicación de la pobreza y la exclusión social.

"En una situación de crecimiento económico como la que está España, como la que está Castilla y León, las cifras de pobreza, de exclusión social, se resisten a desaparecer", ha añadido.

Así ha abogado por actuar en la distribución de la renta, en la garantía de las rentas mínimas, de los ingresos mínimos, en materia de prestaciones sociales, de servicios públicos, "que todos ellos contribuyen a la mejora de esta situación".