La Plataforma Social Castilla y León tachó de “decepción” la Ley de Residencias que este miércoles aprobarán las Cortes, un documento, añadieron, en el que la Junta se muestra “insensible y da la espalda a las propuestas presentadas por los colectivos sociales”. “Tiene mucha literatura, pero carece de compromisos que vayan a cambiar lo que sucede en las residencias de nuestra Comunidad”, alertaron en un comunicado recogido por Ical.
En este sentido, las organizaciones que conforman esta plataforma demandan que el desarrollo reglamentario “sirva para concretar todo aquello que la ley no ha hecho”. Se trata de la Unión de Consumidores de Castilla y León, el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales, la Federación de Asociaciones Vecinales ‘Antonio Machado’, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas, el de Terapeutas Ocupacionales y la Plataforma Social de Castilla y León.
Después de cuatro años de tramitación, la ley que “no da respuesta al mayor problema en que se encuentran las residencias”, es decir, que “dispongan del personal necesario y garantizar la atención centrada en la persona".
“Anunciar que se va a garantizar dicha atención, y luego no concretar el número de profesionales de atención directa, ni de profesionales técnicos que faciliten los cuidados que cada persona necesita, convierte a la ley de residencias en algo poco útil. Las leyes tienen que servir para garantizar derechos a las personas”, denunció el comunicado.
Esta ley, prosigue el documento, “no plantea que se puedan prestar los cuidados que necesita la persona que decide permanecer en su casa, en vez de tener que acudir a un centro residencial, siguiendo el modelo que se está desarrollando en otros países de la Unión Europea”; “no considera como derecho subjetivo el acceso a una plaza residencial a quien lo necesite, porque en Castilla y León solo una de cada 12 plazas de residencia de personas mayores es pública, con lo que recae sobre las familias el sobrecoste que supone tener que acudir a un centro privado”.
Además, tampoco “establece el número de profesionales de atención directa que deben tener las residencias”, ni que estas “dispongan de equipos multidisciplinares”, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, animadores socioculturales, etc., que “faciliten los servicios que puedan garantizar la atención centrada en la persona”.
También criticaron que “no tiene ningún tipo de compromiso presupuestario” y “no exige que todas las residencias dispongan de un consejo de centro, donde tengan participación los residentes y sus familias”. Tampoco garantiza las visitas de las familias a las personas residentes, “en caso de pandemia”, ni aborda “la necesidad de que existan suficientes plazas de convalecencia sociosanitaria para las personas que son dadas de alta después de una operación y necesitan un periodo de recuperación para volver a ser autónomas”.
Además, lamentan que “no establece que todas las residencias deben disponer de unidades de convivencia, una de las medidas anunciadas reiteradamente desde la Junta, que solo se instalarán en algunos centros”. Por último, “no garantiza que las evaluaciones que se van a realizar sobre el funcionamiento de las residencias sirvan para detectar aquellos aspectos que son necesarios mejorar”.
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