Down Castilla y León reclama un urgente cambio de modelo laboral: “Es necesaria una mayor inversión en políticas de empleo inclusivo”

Con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, la federación Down Castilla y León aprovecha la ocasión para alzar la voz denunciando las carencias de la situación laboral del colectivo en la región: “Las cifras en relación con la situación laboral de las personas con Síndrome de Down reflejan una urgente necesidad de mayor inversión pública en políticas de empleo inclusivo”, explica la organización, haciendo referencia a su análisis presentado en relación con este asunto.

A pesar de los esfuerzos de las asociaciones, Down Castilla y León denuncia que las cifras actuales reflejan una necesidad urgente de mayor inversión pública en políticas de empleo inclusivo. Tal y como aparece en dicho informe, de las 148 personas con síndrome de Down en búsqueda activa de empleo en la comunidad, únicamente 71 se encuentran integradas en el mercado de trabajo. De ellas, un 76% desempeña su labor en empresas ordinarias, mientras que un 15% lo hace en la administración pública.

El modelo de inclusión en empresas ordinarias, con desventaja frente al modelo protegido

Estos últimos datos demuestran la prioridad de esta organización por la inclusión de las personas del colectivo en el mercado ordinario, aunque, según afirman, “aún quedan muchas metas por cumplir”. Estas dificultades se reflejan con datos: el 90% de las personas que están actualmente trabajando lo hacen en Centros Especiales de Empleo. Estas metodologías de empleo protegido, en vez de apostar por la inclusión, se basan en lugares en los que todos los trabajadores tienen alguna discapacidad: “Esto dificulta la integración de las personas con Síndrome de Down en la sociedad”, explican desde Down Castilla y León a SALAMANCA24HORAS.COM.

Tal y como cuentan desde la organización, esta tradición provoca una gran desigualdad entre las ayudas y la financiación que reciben ambas metodologías. Esta evasión, según afirman, tiene la palabra ‘prejuicio’ como motivo clave, ya que las empresas suelen ser reticentes a la hora de contratas personas del colectivo. “En ocasiones, la sociedad no es consciente de que las personas con alguna discapacidad pueden ser eficientes en muchas más tareas de las que se cree en un primer momento”, detallan, justificando así la necesidad de que las administraciones públicas insten y orienten a las empresas para que cambien su manera de pensar respecto a este asunto.

Los preparadores laborales: “Estos profesionales son nuestro ascensor”

En el marco del empleo ordinario, la federación señala que el método más eficaz para la inclusión real es el Servicio de Empleo con Apoyo, basado en la figura del preparador laboral, que acompaña al trabajador para darle "seguridad y confianza". Este seguimiento se lleva a cabo paulatinamente, comenzando el primer mes por un acompañamiento constante, y retirando esta ayuda a medida que avanza el tiempo.

Esta figura resulta esencial, ya que, tal y como explican desde la federación Down Castilla y León, las personas del colectivo necesitan unas rutinas determinadas, ya que les resulta más complicado comprender ciertas tareas: “Al igual que para una persona con una discapacidad física es esencial un ascensor, para nosotros lo es este recurso humano. El preparador laboral es nuestro ascensor”.

Sin embargo, los recursos son críticos. Tal y como se registra en el informe, se cuenta con 18 preparadores laborales para dar cobertura a toda la extensión de Castilla y León, que se basa en 71 trabajadores: “Si no hay un preparador laboral, lo más seguro es que se dé un caso de fracaso”.

Demandas a las instituciones públicas: la jubilación anticipada como petición fundamental

En cuanto a las demandas de la organización a la administración e instituciones públicas, la jubilación anticipada se posiciona como las más importante, siendo una petición trasladada a nivel nacional. En concreto, solicitan la modificación de la normativa laboral para adelantar la edad de jubilación de las personas con síndrome de Down a un rango entre los 42 y los 45 años.

El motivo de esta solicitud recae en que la esperanza de vida de las personas del colectivo es algo inferior a los 65 años, frente a los 83 del resto de la población. “Al igual que la población general dispone de unos 20 años para disfrutar de la jubilación, las personas con síndrome de Down deberían poder disfrutar de un tiempo equivalente”, argumentan desde la organización.

Por otro lado, la citada tarea de mediación con las empresas se expone como una de las demandas más importantes que solicita la organización a la Junta de Castilla y León y al resto de administraciones públicas; además de la ya detallada necesidad de recibir las mismas ayudas y recursos que otros modelos de empleo protegido. “A pesar de que la Junta de Castilla y León tiene estos métodos de inclusión de personas con discapacidad como una prioridad, esto existe únicamente sobre el papel, ya que faltan tanto recursos económicos como humanos”, detallan desde Down Castilla y León.