Elvicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz delGobierno regional, Francisco Igea, ha comparecido en rueda de prensaen la mañana de este lunes, 16 de marzo, para dar cuenta de lasmedidas económicas que han aprobado en el Consejo de Gobiernoextraordinario celebrado y que servirán para afrontar lassituaciones causadas por el Covid-19.
Así, la primera ha consistido en aprobar un Proyecto de Decretoque incorpora, de acuerdo con lo regulado en el artículo 260.2 de laLey 2/2006, de 3 de mayo, un nuevo supuesto de no sujeción afiscalización previa de actos de contenido económico para hacerfrente a la situación extraordinaria causada por la incidencia delcoronavirus en la población de la Comunidad.
Este decreto se concreta en un artículo único que establece quelos actos de contenido económico realizados por la AdministraciónGeneral de la Comunidad de Castilla y León, cuando sean consecuenciade actuaciones necesarias para atender la situación de emergenciaocasionada por el Covid-19, no estarán sometidos a la fiscalizaciónprevia.
Asimismo, se fija la necesidad de acreditar esta circunstanciamediante un informe del titular de la Consejería responsable de laactuación. El decreto cuenta con una disposición final queestablece como fecha de entrada en vigor del decreto el mismo día alde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
La segunda medida ha sido la aprobación de otro acuerdo por elque se establece, de la forma más inmediata posible, que los actosde contenido económico derivados de actuaciones realizadas por laAdministración Institucional de Castilla y León para atender lasituación ocasionada por el Covid-19, sean objeto de un control porparte de la Intervención.
De esta forma, el acuerdo fija que se aplicará el controlfinanciero permanente como forma de ejercicio del control respecto detodos los actos de contenido económico de los organismos autónomosde la Administración Institucional de la Comunidad, cuando seanconsecuencia de actuaciones necesarias para atender la situación deemergencia ocasionada por el Covid-19. Para justificar estacircunstancia, en el expediente se incluirá un informe justificativoal respecto por parte del titular del organismo autónomo responsablede la actuación.
No estarán sujetos a la función interventora los actos decontenido económico de los entes públicos de derecho privado de laAdministración Institucional de la Comunidad, cuando seanconsecuencia de actuaciones para hacer frente a la emergenciaocasionada por el Covid-19. Para justificar esta circunstancia,asimismo, se incluirá en el expediente un informe justificativo alrespecto por parte del titular del ente público de derecho privadoresponsable de la actuación.
Según lo indicado en el decreto en el que se establecía elestado de alerta, el conjunto de acciones que todas lasAdministraciones deben adoptar para hacer frente a esta pandemiainternacional deben estar presididas por la máxima flexibilidad,debiéndose adoptar las decisiones más convenientes que de formainmediata contribuyan a contener la progresión de la enfermedad, areforzar el sistema de salud pública, a prevenir y contener el virusy a mitigar su impacto sanitario, social y económico.