El Gobierno autonómico aprobó, el pasado 28 de abril, un Acuerdo de Junta por el que se plantean medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial. Simplificación; teletramitación; acompañamiento; y colaboración, apoyo y seguimiento son los cuatro programas sobre los que se basa este plan. El Plan coordinado por la Consejería de la Presidencia, y en el que han colaborado todos los centros directivos del Ejecutivo autonómico, fija que antes de finalizar el mes de junio del presente año, se habrán desarrollado y puesto en funcionamiento los Centros de Gestión Unificada para aquellos procesos complejos en su tramitación o de gran incidencia económica y social, en los que deban intervenir órganos o unidades de una o varias consejerías.
La Consejería de la Presidencia creará, a partir de un decreto que próximamente será aprobado, centros de gestión unificada más un centro coordinador que dependerá de la Consejería de Economía y Hacienda. Estos centros tendrán como funciones: informar sobre los trámites necesarios para la creación o instalación de empresas con independencia del órgano o unidad administrativa a quien corresponda su sustanciación; servir de enlace entre los empresarios y los diferentes servicios territoriales y, en su caso, con las entidades locales de Castilla y León; recibir las solicitudes únicas que se implanten por la Administración en su compromiso por facilitar y reducir los trámites administrativos; cursar estas solicitudes, impulsar su tramitación y realizar el seguimiento de la tramitación de los correspondientes expedientes; e informar a los interesados sobre el estado de tramitación de sus procedimientos.
Además, y en cumplimiento del Acuerdo por el que se aprueban medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial, la Consejería de la Presidencia ya ha aprobado la Orden PRE/445/2016, de 17 de mayo, por la que se crea la Comisión de Simplificación Administrativa para la Dinamización Empresarial, en la que estarán representados, junto a la Administración autonómica, las organizaciones empresariales y las entidades locales.
Las funciones de esta comisión son colaborar con la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el ejercicio de sus competencias en materia de racionalización, simplificación y reducción de cargas administrativas orientadas a la dinamización empresarial; promover la cooperación interadministrativa dirigida a la dinamización empresarial, especialmente entre la Administración autonómica y las entidades locales de Castilla y León; realizar propuestas sobre medidas y priorización de actuaciones dirigidas a facilitar el fortalecimiento del tejido empresarial; analizar y realizar un seguimiento periódico de las medidas y actuaciones propuestas; definir los sectores empresariales sobre los que se elaborarán mapas de procesos en cada anualidad; y analizar las sugerencias y propuestas de mejora presentadas por los ciudadanos a través del buzón de sugerencias habilitado en el Portal de Gobierno Abierto.
Ordenación del territorio
De Santiago-Juárez ha aprovechado el encuentro para compartir con los delegados territoriales algunas cuestiones relativas al desarrollo del modelo de ordenación del territorio, en un momento en el que todos los municipios de la Comunidad siguen con plazo abierto de audiencia hasta el 13 de junio y la propuesta de mapas de UBOST (unidades básicas de ordenación y servicios del territorio) también se halla en fase de información pública.
A este respecto, el consejero de la Presidencia ha informado de que a la vista de las alegaciones, consideraciones y reflexiones recibidas hasta la fecha la Junta considera necesario incorporar ciertos elementos de flexibilidad para dar solución a determinadas problemáticas planteadas y lograr una mayor claridad en aquellos aspectos que han suscitado dudas de interpretación. Algunas de ellas son la garantía de mantenimiento de los servicios públicos esenciales autonómicos en los mismos municipios en el medio rural; la garantía de pervivencia de las mancomunidades actuales y de su financiación ?al igual que las mancomunidades de interés general-; la garantía de pervivencia de las Comunidades de Villa y Tierra actuales; la flexibilización de la cartera de competencias comunes y homogéneas de las nuevas mancomunidades de interés general rurales; la flexibilización del criterio de coincidencia de las nuevas mancomunidades de interés general con el mapa de las UBOST; la flexibilización de determinadas competencias de la cartera mínima de las mancomunidades de interés general rurales a favor de su gestión por las Diputaciones Provinciales, que ya las vienen prestando; y en el Consejo Comarcal del Bierzo, reconocimiento de la posible delegación de competencias de los municipios y, de concurrir los mismos requisitos, garantía de financiación como si fuera una mancomunidad de interés general.
Sobre estas cuestiones, José Antonio de Santiago-Juárez ha recordado a los delegados territoriales que en las cartas remitidas a cada ayuntamiento de la Comunidad, con fecha 6 de mayo, sometiendo a audiencia la propuesta de mapas de UBOST, la Junta expresaba su disposición a seguir desarrollando la ley para lograr una mayor claridad de aquellos aspectos que han suscitado dudas de interpretación.
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