“Se puede observar cómo todas estas injustas medidas van únicamente dirigidas contra los ciudadanos y contra los empleados públicos que son ajenos a todo privilegio. Nunca contra las organizaciones causantes de esta sinrazón económica, social y política en la que nos han sumido”, asegura la Junta de Personal en una nota para indicar que “desde sus puestos de mando han optado por dirigir los “esfuerzos” de las Administraciones Públicas hacia la salvación de aquellos entes que han sido los causantes de esta terrible situación para muchas personas dejando por lo tanto el interés general supeditado a intereses particulares o de partido”.
Explican, además, que “si el objetivo fuese realmente el de ahorrar –mucho- dinero suprimirían gastos totalmente prescindibles, suprimirían duplicidades, triplicidades, libres designaciones, personal eventual, altos cargos, nombramientos ‘digitales’, fastos, coches oficiales, empresas ‘públicas’, fundaciones, institutos, consejos consultivos, fusionarían ayuntamientos inviables, etc., etc., etc., que son las heridas por las que se desangra el sistema financiero de las Administraciones Públicas”.
Sin embargo, prosiguen, en una decisión “consciente, premeditada y deliberada”, prefieren “escatimar el dinero de todos en los servicios esenciales para la ciudadanía”, incluso en los que pueden afectar “al derecho inviolable de los ciudadanos a la asistencia médica necesaria, tal y como recoge en su artículo 25 la Declaración universal de los derechos humanos”.
Los funcionarios recuerdan “el fallecimiento de dos leoneses por permanecer durante varios meses en una abominable ‘lista de espera’ con dolencias que todo parece indicar eran de extrema gravedad y que, al final, les ha costado la vida”.
Defensa de la Sanidad
Desde la Junta de Personal también se ha querido significar su convencimiento de que “los empleados públicos del sector sanitario se están dejando la piel para cumplir de forma extraordinaria con su cometido, a pesar de los innumerables ataques y desprecios de que son objeto por parte de esta Administración autonómica. Por si quedaban dudas, ellos no son los culpables”.
“A la vista de estos luctuosos hechos, desde esta Junta de Personal Funcionario de León nos vemos en la obligación de exigir a la Junta de Castilla y León que cese de manera inmediata en su dinámica de mutilar derechos ciudadanos y servicios públicos y, si fuera cierto que necesitan ahorrar, tengan en cuenta las incontables sugerencias que desde varios ámbitos se les han apuntado”, apostillan.
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