El Gobierno autonómico rechaza la imposición del Ministerio de poner en marcha el Mapa Estatal de Transportes

La Junta de Castilla y León ha reiterado este miércoles su exigencia al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que el debate sobre el Mapa Estatal de transporte de viajeros por carretera se realice en la Conferencia Sectorial de Transportes. Esta postura, compartida por otras diez comunidades autónomas, forzó al Gobierno central a retirar este punto del orden del día en una reunión de directores generales, ante el rechazo a negociar los criterios de forma bilateral o mediante imposiciones.

Laura Paredes, directora general de Transportes y Logística de la Junta de Castilla y León, ha participado en la reunión y ha denunciado que el Ministerio intentara abordar el Mapa Concesional "en contra de lo que ha anunciado el Gobierno de España con una nota de prensa que se ha publicado previa a la reunión". Paredes, en representación de la Junta, solicitó la retirada de este punto del orden del día e instó al Ejecutivo central a que "se lleve de una vez por todas este borrador del Mapa, del año 2022, a la Conferencia Sectorial, el órgano de mayor representatividad posible".

La Junta de Castilla y León argumenta que la propuesta actual del Mapa Estatal suprimiría 474 paradas en 346 municipios de la Comunidad, lo que representaría "un ataque al medio rural al privarles de un servicio básico". Paredes ha calificado el modelo como "injusto" y "similar al que está implementando en el transporte ferroviario en Castilla y León con eliminación de paradas para ganar tiempo entre grandes ciudades", ya que, aunque el Ministerio lo plantea como una optimización de rutas, se realiza "a costa de suprimir paradas" y no responde a las necesidades de cohesión y vertebración territorial de la Comunidad.

Asimismo, la directora general ha criticado el planteamiento del Gobierno de financiar con 40 millones de euros estas rutas para que sean gestionadas por las comunidades autónomas. "Es insuficiente porque Castilla y León necesitaría 25 millones, siendo según un estudio el coste de asumir esos trayectos en todo el país de 123 millones”, ha señalado Paredes, añadiendo que "esa financiación sería transitoria y no tendría vocación de continuidad".

Solicitud de gestión de remanentes de fondos europeos y ampliación de plazos

En la misma reunión de la Comisión de directores generales de Transportes, Laura Paredes aprovechó para solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la posibilidad de destinar los remanentes de las convocatorias de subvenciones no ejecutadas a actuaciones propias de la Comunidad Autónoma. El objetivo es avanzar en la digitalización del transporte dentro del Componente 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU. "La Junta de Castilla y León siempre ha mostrado su compromiso con la ejecución de los fondos europeos, pero es imprescindible que se nos permita utilizar los remanentes en actuaciones que realmente mejoren la movilidad y modernización del transporte en nuestro territorio", explicó Paredes.

Estos remanentes provienen de renuncias o de la falta de solicitudes por parte de las empresas beneficiarias, por lo que su uso en proyectos autonómicos permitiría aprovechar al máximo los fondos europeos y cumplir los objetivos de modernización y y eficiencia del sector.

Por otro lado, la Junta ha solicitado la ampliación de plazos de ejecución de los proyectos de digitalización del transporte, como los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). Esta petición se debe a la alta complejidad técnica que están enfrentando las empresas adjudicatarias, a pesar de que la Administración autonómica ha cumplido rigurosamente con los plazos de licitación y adjudicación previstos en los hitos europeos.