La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha cargado duramente este lunes contra el Gobierno central tras la Conferencia Sectorial convocada para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados, calificándola de "auténtico paripé" y "una vergüenza". La indignación de Blanco, también vicepresidenta regional, se debe a que el Ejecutivo no permitió a las comunidades autónomas votar los términos de la reubicación desde zonas como Canarias o Ceuta.
Según explicó la consejera a la salida de la reunión (que tuvo que ser aplazada la semana pasada debido al apagón), el Ministerio de Infancia y Juventud tenía como único objetivo "aprobar y activar el Real Decreto Ley" que regula esta materia, ya aprobado previamente por el Consejo de Ministros y convalidado en el Congreso. "Al llegar al final del único punto del día, no nos han dejado votar", denunció Blanco. La justificación del Gobierno, según la consejera, fue que "como no había unanimidad, no se votaba y se activaba el Real Decreto".
"Salimos estupefactas", insistió Blanco, preguntándose "a qué teme el Gobierno" para "hurtar" a las regiones su derecho al voto. Acusó al Ejecutivo de actuar por "imposición" y de ceder a los "chantajes de sus socios separatistas", utilizando "40 excusas", como la falta de unanimidad o la ausencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para evitar la votación. "La realidad es que el Gobierno lo único que quería este lunes era imponernos su decreto e imponernos sus criterios", reiteró.
Como resultado de la falta de votación y tal como permite la propia norma, el mecanismo de redistribución de menores migrantes se activa automáticamente en los términos que establece el Real Decreto, a pesar de la falta de consenso con las comunidades. Dicho reparto se realizará atendiendo a criterios como la población de cada región, su renta per cápita, la tasa de paro o el esfuerzo de acogida previo.
Sin embargo, Blanco lamentó que esta activación se produzca "sin más información, sin más datos y con una cesión permanente a sus socios independentistas", evidenciando el profundo desacuerdo entre el Gobierno central y varias autonomías en la gestión de esta cuestión.
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