La Junta de Castilla y León presenta el nuevo modelo de inspección ambiental con la implicación de empresas y organismos acreditados

La Junta de Castilla y León ha dado a conocer esta semana el nuevo modelo de inspección ambiental que regulará la vigilancia, el control y la supervisión de actividades e instalaciones potencialmente contaminantes en la Comunidad. Las novedades se expusieron en unas jornadas técnicas inauguradas por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, a las que asistieron representantes de los sectores industrial, ganadero y de gestión de residuos.

El nuevo sistema introduce la figura de los Organismos de Control Ambiental Acreditados (OCAA), entidades autorizadas por la Junta que podrán realizar actuaciones materiales de inspección, aunque la responsabilidad final del proceso seguirá bajo competencia pública. Según explicó la Administración autonómica, será en 2026 cuando comience a aplicarse el nuevo Programa de Inspección Ambiental.

La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental determinará las instalaciones que deberán someterse a inspección y la frecuencia con la que deberán hacerlo, atendiendo al nivel de riesgo ambiental. Los titulares serán avisados con al menos cuatro meses de antelación para que contraten a un OCAA habilitado. Durante las inspecciones, las empresas deberán facilitar el acceso y la documentación necesaria, además de contar con un responsable que acompañe al organismo acreditado. En caso de desacuerdo con el informe resultante, podrán presentar alegaciones a través de la Sede Electrónica de la Junta.

La Junta mantendrá en todo momento el control del proceso: planificación, emisión del informe final, exigencia de medidas correctoras, apertura de expedientes sancionadores y publicación de los resultados. Según destacó el Ejecutivo autonómico, el nuevo modelo permitirá más agilidad, transparencia y eficiencia, fomentando la corresponsabilidad de los agentes económicos, reduciendo costes públicos y aplicando el principio de quien contamina paga.

Castilla y León se sitúa entre las comunidades más avanzadas en materia de inspección ambiental: ocupa el tercer lugar en número de instalaciones sometidas a autorización y el segundo en relación con su población, con una instalación por cada 2.687 habitantes.

Durante la jornada también se recordaron otras iniciativas de la Junta ligadas a la sostenibilidad, como el Pacto por la Economía Circular o el programa Ventana Abierta a la Sostenibilidad de Excelencia, que impulsa la colaboración entre empresas comprometidas con el medio ambiente y centros de Formación Profesional.

La Administración autonómica subraya que estas actuaciones refuerzan el compromiso de Castilla y León con la protección del entorno, la innovación sostenible y la colaboración público-privada como claves para un desarrollo económico responsable.