La Junta lamenta el retraso en la asignación de fondos de formación y exige al Ministerio cumplir los plazos legales

La Junta de Castilla y León ha mostrado su malestar por el retraso en la distribución de los fondos destinados a la formación profesional para personas trabajadoras, que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha repartido hoy, superado ya el ecuador del mes de octubre.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha participado en la Conferencia Sectorial de Formación Profesional, celebrada en formato mixto (presencial y virtual), cuyo único punto del día era aprobar el reparto territorial de los créditos correspondientes al ejercicio 2025.

García ha calificado de “inaceptable” que los fondos se repartan tan tarde, dificultando su correcta ejecución. En su intervención, ha reclamado al Ministerio que cumpla la Ley General Presupuestaria, de modo que las comunidades autónomas reciban los fondos durante el primer trimestre del año, garantizando tiempo suficiente para planificar y desarrollar las acciones formativas.

La consejera ha recordado que “no es de recibo” que una conferencia sectorial se convoque en octubre para distribuir unos fondos que deben estar comprometidos antes de que finalice el ejercicio. Aunque Castilla y León podrá cumplir los plazos, ha advertido de que será gracias a una prórroga excepcional acordada tras la presión de varias comunidades, que permitirá extender el compromiso de los créditos hasta el 30 de junio de 2026.

Asimismo, García ha lamentado la ausencia de la ministra en la reunión y ha criticado la intención del Ministerio de modificar las reglas del reparto sin la debida consulta ni los informes previos, lo que considera una falta de respeto institucional.

Desde la Junta se ha insistido en la necesidad de mayor flexibilidad en la ejecución de los fondos para adaptarlos a las demandas del tejido productivo y mejorar la empleabilidad. Sin embargo, la única respuesta obtenida ha sido el compromiso genérico de “seguir trabajando”, sin planificación ni medidas concretas.

“La gestión tardía y unilateral del Ministerio pone en riesgo la empleabilidad de los trabajadores de Castilla y León”, ha concluido García.