El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha remitido el pasado lunes 31 de enero a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, las observaciones de la Junta de Castilla y León al ‘Informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de la población ajustada’ para lo que tenía de plazo, otorgado por el ministerio hasta el último día del mes de enero, y así ha informado al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.
El documento enviado, resultado de un análisis de la Consejería de Economía y Hacienda sobre la propuesta del Ministerio, ha contado con las aportaciones de las distintas consejerías de la Junta y de los grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Castilla y León.
La Junta defiende una mejora del diseño de la población ajustada que tenga en cuenta en su justa medida las singularidades de Castilla y León derivadas de su superficie, dispersión, baja densidad y envejecimiento, y que permita corregir la infrafinanciación que sufre la Comunidad en el modelo actual, que ha generado un déficit acumulado de, al menos, 7.650,52 millones de euros desde 2009 hasta 2021.
Este documento de alegaciones se ha remitido desde el respeto a los legítimos intereses del resto de comunidades autónomas, pero trasladando una defensa de los intereses de los castellanos y leoneses, y con el ánimo de conseguir un consenso multilateral, lo más amplio posible, que permita seguir avanzando en el diseño de un nuevo modelo que garantice una financiación suficiente, justa y equitativa para todos los territorios y contribuya a reforzar la equidad interterritorial.
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