El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el Decreto de prórroga de los Presupuesto de la Comunidad que se encuentran actualmente en vigor, con el objetivo de facilitar y clarificar la gestión diaria de los recursos disponibles en los distintos departamentos de la Administración Autonómica. De esta manera, a partir de 1 de enero de 2022 y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto, continúan prorrogados los créditos iniciales aprobados para el año 2021.
El Decreto recoge, en términos generales, la prórroga de los créditos iniciales en vigor salvo que correspondan a actuaciones que hayan concluido en este ejercicio o que estén financiadas con recursos finalistas cuya vigencia no pueda ampliarse.
Por otro lado, al estar suspendidas las reglas fiscales para el año 2022, el Gobierno nacional ha establecido una tasa de referencia de déficit público para las Comunidades Autónomas situada en el 0,6 por ciento del PIB regional. En este sentido, para situarse dentro de los límites de referencia y evitar una elevada ejecución de los créditos presupuestarios antes de la aprobación de los Presupuesto Generales de la Comunidad para 2022, se establecen determinadas normas de gestión del gasto.
El Decreto garantiza la completa ejecución de todos los créditos financiados con recursos finalistas vigentes en 2022. Estos se podrán habilitar en el presupuesto prorrogado a través de generaciones de crédito reguladas en el artículo 126 de la ley de la Hacienda. Por tanto, está asegurada la ejecución tanto de los fondos Next Generation como de los correspondientes a fondos europeos del nuevo marco financiero plurianual 2021-2027, como de cualquier transferencia finalista asignada durante el periodo de prórroga.
Gestión del gasto
El Decreto aprobado señala que se imputan, en primer lugar, los gastos de las obligaciones generadas en ejercicios anteriores derivadas de compromisos de gasto debidamente contabilizados o, que no habiendo sido contabilizados, se hubieren adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico y, a la finalización del ejercicio al que correspondan, hubiesen contado con cobertura presupuestaria adecuada y suficiente.
Asimismo se incluyen los compromisos derivados de disposiciones, convenios y contratos programa que estuvieran en vigor el 31 de diciembre de 2021 y que supongan obligaciones en 2022 y los compromisos adquiridos que se destinen a pensiones, subvenciones y ayudas cuyo beneficiario tuviera derecho a 1 de enero de 2022. A ellos se unen los gastos derivados de compromisos plurianuales que se hubieren contraído con anterioridad a 1 de enero de 2022.
En cuanto al resto de los gastos, el Decreto señala que estos se imputarán conforme a su naturaleza dando continuidad a las medidas que se venían realizando a lo largo del ejercicio.
Añade también el Decreto que, a estos efectos, se entiende por gastos correspondientes a actuaciones no finalizadas todos aquellos que se encuentren vinculados a acuerdos, planes o compromisos realizados por el Gobierno de Castilla y León con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, así como cualquier prestación que venga realizando la Administración regional con anterioridad a 31 de diciembre de 2021 y las que resulten imprescindibles para atender el servicio público o que le sean exigibles por norma de rango legal.
Asimismo, los créditos financiados con recursos finalistas no vigentes en 2022 o que, estando vigentes, su anualidad correspondiente a 2022 sea inferior a la prevista en el presupuesto de 2021 prorrogado a 2022, serán minorados tanto en el estado de Ingresos como en el de Gastos, en el importe de la ayuda financiera que no se va a percibir en dicho ejercicio
Las normas de imputación de gastos reguladas en este proyecto de decreto afectan a todas las secciones presupuestarias, salvo a la 20, ‘Cortes de Castilla y León e Instituciones propias de la Comunidad’.
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