La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid ha levantado dos actas de infracción a la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León por incumplimientos en prevención de riesgos derivados de la COVID-19 en sus centros de trabajo, según han informado los sindicatos CSIF y UGT.
Tras la denuncia presentada por ambas organizaciones, el Servicio de Inspección de Trabajo emitió un informe que determina diversas infracciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se impone una multa de 10.000 euros a la Fundación y abre la puerta a los demandantes a la posibilidad de proseguir la denuncia ante los tribunales de lo social y penal.
La Inspección constata la ausencia de evaluación del riesgo de exposición a la COVID-19 durante el periodo comprendido entre marzo, inicio del estado de alarma sanitaria, y el 15 de junio, con la consiguiente ausencia de adopción de medidas preventivas para sus trabajadores.
Asimismo, se certifica en este informe que "se incumple por parte de la empresa el derecho de participación de los trabajadores en la actividad preventiva, informando y reuniendo a los trabajadores de forma tardía", según las mismas fuentes.
Se da la circunstancia de que la dirección del Centro de Hemoterapia rechaza un primer informe de Riesgos derivados del COVID-19, realizado por el Servicio de Prevención Concertado (ASPY). Como consecuencia de ello, siempre según el comunicado de CSIF, se emite una segunda evaluación que no se comunica al Comité de Seguridad y Salud hasta el 15 de junio, es decir, cuatro meses después de cuando "debería estar realizada la evaluación e implantadas las medidas, pero firmándose con idéntica fecha que la primera evaluación realizada".
CSIF espera "un cambio de rumbo y de actitud" de la Dirección del Centro de Hemoterapia y Hemodonación ante lo que se ha demostrado "un tremendo error".
Por su parte, UGT ha insistido en que la Consejería de Sanidad "está obligada a realizar una investigación sobre el asunto, depurar responsabilidades y replantear de una vez por todas el cambio de modelo de gestión" del Centro para "retornarlo a lo público", ya que actuaciones como las sancionadas "demuestran un modo de hacer las cosas que no cabe dentro de la Sanidad Pública de la Comunidad".
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