La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades reactiva la nueva ley integral a las víctimas de violencia de género, cuyo anteproyecto fue consensuado con los agentes sociales y se remitirá en las próximas semanas al Consejo Económico y Social.
Así se lo manifestó la consejera del ramo, Isabel Blanco, a patronal y sindicatos durante la reunión de la comisión de seguimiento de los acuerdos del Diálogo Social, validados por ambas partes, pero en la que les informó, a la vez, de la tramitación de esta norma, que quedó pendiente en la pasada legislatura y que actualiza la vigente aprobada en 2010.
El anteproyecto se encuentra pendiente de un informe jurídico y posteriormente, en las próximas semanas, se remitirá al Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) para el informe preceptivo, informaron a Ical en fuentes de la Consejería de Familia.
Pese a que en el acuerdo con Vox figura una ley de violencia intrafamiliar, cuya tramitación, como acordaron las partes, se debe iniciar el 31 de julio, tanto la consejera de Familia, Isabel Blanco, como el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, siempre han garantizado que la norma contra la violencia de género se mantendrá y convivirá con la otra de violencia intrafamiliar.
En la pasada legislatura, Familia tenía elaborado el anteproyecto, que presentó Isabel Blanco el pasado 3 de septiembre con la intención de remitirle a las Cortes en el segundo semestre de 2022, como se recoge en el catálogo normativo de la Junta.
Como novedades de lo que se califica por Familia como una actualización de la ley de 2010, definida en ese momento como “pionera” en España, se amplía la protección a transexuales y a niñas y menores que se encuentren bajo la custodia de víctimas y familiares convivientes.
Igualmente, se reconoce nuevas formas de violencia contra la mujer, como la que se ejerce por medio de las nuevas tecnologías y las redes sociales. También, se contempla la creación de redes de atención especializadas, así como un refuerzo de la atención a los maltratadores con el objetivo de desarrollar programas de tratamiento para prevenir la reincidencia.
En la presentación del anteproyecto, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades explicó que en cuya elaboración han participado 78 organizaciones y un centenar de profesionales que trabajan directamente con las víctimas. “Se trata de una ley ambiciosa, moderna, que revisa toda la normativa actual y eleva al rango de ley algunas prácticas que se vienen realizando”, calificó en ese momento Blanco el nuevo texto normativo.
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