A partir de 1 de enero de 2026 quedan prorrogados los Presupuestos Generales de Castilla y León de 2024

Ante la ausencia de unas nuevas cuentas para el próximo año, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al Decreto por el que se prorrogan los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2024 para el ejercicio 2026. Esta medida busca facilitar la gestión diaria de los distintos departamentos de la Junta de Castilla y León y dotar de seguridad jurídica a la administración autonómica a partir del 1 de enero.

El nuevo Decreto consta de cuatro artículos, una disposición adicional y una final, diseñados para adaptar las cuentas de 2024 al nuevo escenario económico:

• Créditos vigentes: El primer artículo define qué créditos se mantienen y cuáles decaen, siguiendo estrictamente lo marcado por la Ley de Hacienda de la Comunidad.
• Cumplimiento de objetivos: La disposición de los fondos estará condicionada en todo momento al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto. De hecho, la Consejería de Economía y Hacienda tiene la facultad de declarar la no disponibilidad de créditos si fuera necesario para no desviar las cuentas.
• Garantía en las retribuciones: El texto prevé mecanismos para asegurar que el pago de las nóminas del personal al servicio de la Administración General e Institucional esté garantizado en todo momento durante el periodo de prórroga.

El artículo tercero regula cómo se deben imputar los gastos para mantener el equilibrio financiero, alineándose con la Orden de cierre de 2025 y apertura de 2026 publicada en octubre. Una novedad relevante es que los créditos financiados con recursos finalistas (fondos destinados a un fin específico, como los europeos) podrán imputarse por la totalidad del gasto elegible, facilitando que no se detenga la ejecución de proyectos clave.

El Decreto aclara, mediante su disposición adicional, que cualquier referencia al "presupuesto de 2026" en las órdenes de cierre de ejercicio debe entenderse hecha al presupuesto prorrogado de 2024.

La vigencia de estas condiciones de prórroga comenzará de forma oficial el próximo 1 de enero de 2026, asegurando que la maquinaria administrativa de la Junta de Castilla y León siga funcionando sin interrupciones desde el primer día del año.