La Plataforma de Defensa de lo Público denuncia el "funcionamiento mejorable" del Procurador del Común y el Comisionado de Transparencia

Consideran que las resoluciones del primero "suelen acabar en papel mojado", mientras que las del segundo "no contemplan régimen sancionador para quienes las incumplan"

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Tomás Quintana, Procurador del Común
Tomás Quintana, Procurador del Común

La Plataforma de Defensa de lo Público ha denunciado este martes el “funcionamiento bastante mejorable” del Procurador del Común, “cuyas resoluciones al ser no vinculantes suelen acabar en papel mojado, mientras que las quejas de los ciudadanos tardan cada vez más en resolverse y hay constancia de administraciones y entidades no colaboradoras con el propio organismo pero que sin embargo no reciben sanción alguna por ello”. Una situación similar denunciaron respecto al Comisionado de la Transparencia, “donde sus resoluciones sí vinculantes no contemplan un régimen sancionador para aquellos que las incumplan”, además de que “el grado de cumplimiento se está deteriorando con los años”.

En el caso del Procurador del Común, la Plataforma explicó que “de las quejas formuladas por los ciudadanos admitidas a trámite y de las quejas iniciadas de oficio”, este “investiga y resuelve sendos expedientes”. Sin embargo, los expedientes publicados en la isntitución “no muestran el plazo hasta que es resuelta”, de forma que, por ejemplo, el 53 por ciento de las resoluciones dictadas en 2023 se trataba de quejas iniciadas en 2021, el 40 por ciento en 2022, el siete por ciento de 2020 y menos de un uno por ciento de 2019.

Respecto al segundo, el Comisionado de la Transparencia, lamentaron que no existe “ningún régimen sancionador”, así como que el grado de cumplimiento de las resoluciones estimadas y vinculantes presenta “una tendencia no favorable”, de forma que los ciudadanos “se ven obligados a buscar justicia o transparencia en los juzgados porque la labor del Procurador del Común y del Comisionado de la Transparencia se queda en papel mojado”.

Desde la Plataforma en Defensa de lo Público denunciaron el “mal funcionamiento” de ambas instituciones “creadas para proteger los derechos de los ciudadanos de Castilla y León” y demandaron “una reforma legal que haga vinculantes las Resoluciones del Procurador del Común y que sancione a las administraciones y entidades no colaboradoras con el propio organismo”.

Asimismo, exigieron régimen sancionador para los que incumplan las resoluciones del Comisionado de la Transparencia y solicitaron más medios humanos para que desde el Procurador del Común y el Comisionado de la Transparencia puedan realizar su trabajo “con dignidad y eficacia”.

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