El Procurador del Común está tramitando una actuación de oficio queinició el 5 de agosto de 2020, con relación al comienzo del curso escolar2020/2021, manteniéndose a la espera del informe que ha solicitado a laConsejería de Educación para adoptar una postura al respecto.
Asimismo, en estos días, se están acumulado grupos de quejas presentadaspor los ciudadanos con relación a la misma cuestión, a través de las cuales seviene pidiendo que la actividad educativa se inicie de forma no presencial, elaumento de profesorado para hacer frente a las necesidades que requerirá laactividad docente si los alumnos han de acudir a los centros educativos, laimplantación de la jornada continua con carácter generalizado para minimizarmás los riesgos de contagio de la COVID-19, o bien, con un carácter másgenérico, la concreción de medidas que realmente resulten efectivas parainiciar el curso en los centros educativos con las máximas garantías.
Según el calendario escolar del curso 2020/2021, su inicio tendrá lugarel próximo 9 de septiembre, en el marco de la situación extraordinaria marcadapor la pandemia de la COVID-19. Los alarmantes rebrotes de la enfermedad queestán surgiendo cada día en este mes de agosto, así como que los centroseducativos son espacios cerrados en los que se concentrará un elevado número depersonas durante un considerable número de horas, obligan a poner la máxima atenciónen las medidas que deben ser adoptadas, para que se pueda iniciar la actividadlectiva el próximo mes de septiembre.
La Consejería de Educación cuenta con un Protocolo de prevención yorganización del regreso a la actividad lectiva en los centros de Castilla yLeón para el curso 2020/2021, no obstante, desde diversos ámbitos (familias,profesorado, sindicatos, etc.), se está cuestionando las posibilidades deiniciar de forma segura el curso escolar, planteándose todo tipo deincertidumbres en consideración al contenido del Protocolo.
La necesidad de que se dote a los centros educativos de profesorado derefuerzo y de personal de limpieza suficiente, las excesivas ratios de alumnosestablecidas para espacios cerrados (aulas, comedores, baños, patios, medios detransporte, etc.), las dificultades en muchos casos para ampliar los espaciosdestinados a aulas que permitan asegurar las distancias, la máxima implicacióny responsabilidad del profesorado en tareas que no son las propiamentedocentes, la seguridad de las personas especialmente vulnerables que convivan oque puedan estar en contacto con los alumnos y el resto de los miembros de lacomunidad educativa, la escasa madurez y autonomía de los niños más pequeños encuanto a las medidas higiénico-sanitarias que han de ser adoptadas, las medidasque habrían de ser tomadas en el caso de que se detecte un posible caso deafectado por la enfermedad en un centro educativo, etc., son motivo de unarazonable preocupación.
Con todo, lo cierto es que el establecimiento de la actividad educativapresencial en los términos que por el momento prevé la Administración, planteala necesidad de revisar todas las medidas dispuestas al efecto para garantizarla máxima seguridad de la población en general.
La actuación de oficio del Procurador del Común,a la espera del informe que ha solicitado a la Consejería de Educación, asícomo de la evolución de los acontecimientos y de las medidas que están siendorevisadas por las Administraciones implicadas, concluirá con la correspondienteresolución.