Rechazo de la Junta de Castilla y León a la propuesta del Gobierno sobre el Mapa Estatal de Transportes

La Junta de Castilla y León ha expresado su rechazo a la propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible respecto al Mapa Estatal de Transporte de viajeros por carretera, instando a que se negocie en el marco de la Conferencia Sectorial, órgano en el que participan las comunidades autónomas.

Según ha informado la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, la propuesta del Gobierno central carece de financiación adecuada y se limita a un periodo de tan solo dos años, lo que, a juicio de la Junta, supone un planteamiento negativo para la comunidad autónoma. “Nos parece inaceptable el planteamiento y las opciones que ofrecen no garantizan los servicios”, ha subrayado el consejero José Luis Sanz Merino.

El rechazo se centra en dos posibles escenarios planteados por el Ministerio: que las comunidades autónomas asuman la gestión de los tráficos del nuevo mapa concesional o que sea el propio Gobierno quien los gestione con criterios que, según Castilla y León, no responden a la realidad territorial y a las necesidades de los ciudadanos. La propuesta, cuyo borrador de 2022 preveía suprimir 474 paradas en 346 municipios de Castilla y León, ha sido considerada insuficiente para garantizar la cohesión y vertebración del territorio.

Además, la Junta denuncia la falta de diálogo, ya que durante los últimos tres años se ha solicitado la celebración de la Conferencia Sectorial de Transporte como foro para debatir el mapa, sin que el Gobierno central haya accedido a convocarla. En la última reunión de directores generales, el punto fue retirado tras el rechazo de once comunidades autónomas.

La Consejería también critica que la financiación prevista por el Ministerio —40 millones de euros— resulta limitada y no asegura la continuidad del servicio, mientras que la gestión autonómica contempla mantener un modelo gratuito para empadronados en las 2.610 rutas actuales, contribuyendo a la fijación de población, al ahorro familiar y al acceso a otros servicios públicos.

“La propuesta del Gobierno y la gestión autonómica representan dos modelos completamente opuestos”, concluye la Consejería, que mantiene firme su postura de defensa de un transporte público adaptado a las necesidades de Castilla y León.