El rechazo a la senda de estabilidad en el Congreso resta 256,7 millones de margen fiscal a Castilla y León hasta 2028

El Congreso de los Diputados ha tumbado este jueves la senda de estabilidad presupuestaria presentada por el Gobierno, una decisión que, según fuentes de Moncloa consultadas por Ical, supondrá que Castilla y León perderá 256,7 millones de euros de margen fiscal hasta el año 2028.

El rechazo de la Cámara Baja, con 178 votos en contra, 164 a favor y cinco abstenciones, obliga a que las comunidades autónomas pierdan una décima de déficit anual entre 2025 y 2028. Para Castilla y León, esta pérdida habría supuesto, según cálculos gubernamentales basados en la evolución económica, 82,1 millones de euros en 2026, 85,6 millones en 2027 y 89 millones en 2028.

Críticas del Gobierno al Partido Popular

Desde el Gobierno central criticaron duramente la postura del Partido Popular (PP), que votó en contra de la propuesta. "El PP ha votado en contra de que sus propias comunidades tengan más recursos para sanidad, educación o servicios sociales", señalaron fuentes gubernamentales. En conjunto, el impacto del rechazo de la senda se cifra en 5.485 millones de euros menos en el margen fiscal para el conjunto de las autonomías.

El Ejecutivo recordó que la senda de estabilidad ofrecía un objetivo de déficit del -0,1% para 2026-2028 para las autonomías, lo que no exigía ningún ajuste. Tras la votación, las comunidades pierden esa décima y "estarán obligadas a registrar equilibrio presupuestario" en dicho periodo.

Proceso presupuestario en marcha

A pesar del revés, el Gobierno aseguró que el rechazo de la senda de estabilidad "no impide la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026", un compromiso que mantienen tanto el presidente Pedro Sánchez como la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La senda rechazada contemplaba un límite de gasto no financiero, o 'techo de gasto', de 212.026 millones de euros (216.177 millones si se incluían los fondos europeos), lo que representaba un incremento del 8,5% respecto al año actual.

Tras el varapalo parlamentario, el Gobierno está obligado a presentar la senda de nuevo en el plazo de un mes.

El debate en el Congreso

Durante el debate, la ministra Montero defendió que la senda buscaba "blindar el Estado del Bienestar", pero el PP afianzó su no, con el diputado Juan Bravo reprochando que "no puede presentar unos objetivos de estabilidad un gobierno que no es estable". El PP y Vox rechazaron la senda alegando que suponía "más deuda y más impuestos".

Junts también se sumó a la negativa, criticando la "soberbia política" del Gobierno y su supuesta falta de intención de aprobar presupuestos. Por su parte, Podemos se abstuvo. La senda contó con el apoyo de los socios de Gobierno, como Sumar, ERC, EH Bildu y el PNV, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar en las cuentas públicas.