La Comunidad Autónoma de Castilla y León redujo entre 2020 y 2022 un 63,3 por ciento su gasto en rentas mínimas de inserción con motivo de la implantación del Ingreso Mínimo Vital. La caída de la inversión supone la cuarta mayor bajada a nivel nacional en términos porcentuales, solo superada por la reducción del 80 por ciento en la Comunidad de Madrid y en Aragón, y el 72,9 por ciento en Castilla-La Mancha, muy por encima del descenso que registró el gasto en rentas mínimas de inserción en el conjunto del país, cifrado en un 12,8 por ciento de media.
Así lo refleja el análisis realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, consultado por Ical, que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales. La reducción de los presupuestos de las RMI en la mayor parte de las Comunidades, supone que en los dos años trascurridos desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011 y suponga una pérdida global de 241 millones de euros. Como han denunciado “reiteradamente” desde la Asociación, muchas comunidades destinaron su "ahorro" en el presupuesto de sus RMI a otras cuestiones fuera de los servicios sociales, y solo el 7,9 por ciento de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado las RMI que ofrecen las autonomías. En ese caso, Castilla y León registra una tasa del 2,9 por ciento, muy por debajo de la media nacional, donde las cifras, se están reduciendo desde 2015 (con la excepción de 2020, el año de la pandemia, cuando alcanzó su nivel más alto, con un 8,7 por ciento.
Este porcentaje encubre, según apuntan, diferencias extremas: dos comunidades, Navarra y País Vasco, destacan con porcentajes que suponen el 50 por ciento de su población por debajo del umbral de la pobreza. Le siguen Asturias y Cataluña, donde reciben estas rentas casi una de cada 5 o 6 personas bajo el umbral de la pobreza. Sin embargo, en 4 Comunidades sus RMI ni siquiera alcanzan al 2,5 por ciento de las personas bajo el umbral de la Pobreza: Madrid (2,4 por ciento), Murcia (1,6 por ciento), Andalucía (1,6 por ciento) y Castilla La Mancha (0,6 por ciento).
La cuantía media por persona perceptora de las RMI en el conjunto de España supone el 13,9 por ciento de la renta media por hogar en el país. Una cuantía extremadamente baja y que se ha reducido dos puntos este último año. En el caso de Castilla y León, ese indicador se sitúa en el 11,4 por ciento, dos puntos y medio por debajo del conjunto nacional.
También en este aspecto las diferencias entre autonomías son extremas. Las que otorgan cuantías más altas en relación con la renta media de los hogares de sus territorios son Baleares (33,6 por ciento); Canarias (18,3 por ciento); Asturias (17,2 por ciento), Comunidad Valenciana (15,5 por ciento) y Extremadura (15,4 por ciento). Por el contrario, se encuentran Murcia (8,6 por ciento), Madrid (8,3 por ciento) y el caso más extremo, Aragón, donde la cuantías de sus RMI sólo representan el 2,5 por ciento de la renta media de los hogares de su territorio.
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