Menos trámites, más ahorro: Castilla y León libera a ciudadanos y empresas de 24,6 millones en costes burocráticos

Castilla y León avanza hacia una administración más ágil y eficaz. El Consejo de Gobierno ha aprobado este 10 de julio de 2025 un amplio acuerdo de simplificación administrativa que permitirá un ahorro anual de 24,6 millones de euros a los ciudadanos, gracias a la mejora y eliminación de trámites complejos, presenciales o duplicados que hasta ahora exigían tiempo, desplazamientos y gestiones innecesarias.

Este paquete de medidas, el mayor en la historia de la Comunidad en cuanto a reducción de burocracia, afectará a 300.000 expedientes y beneficiará directamente a más de 250.000 ciudadanos, empresas y entidades locales. El ahorro se ha calculado siguiendo el Modelo de Coste Estándar de la Comisión Europea, y contempla hasta 18 tipos de gestiones distintas, desde la presentación de solicitudes hasta la realización de auditorías o el pago de tasas.

El acuerdo, impulsado por la Consejería de la Presidencia y fruto del diálogo con representantes de la sociedad civil como la Asociación de Empresa Familiar, la CEOE, las Cámaras de Comercio y el Colegio de Secretarios e Interventores, contempla 54 medidas ejecutivas. De ellas, 40 requerirán la aprobación de normas y 14 serán organizativas.

Entre los ejemplos más destacados se encuentran:

Un nuevo decreto para unificar la presentación electrónica de solicitudes en procesos de selección de personal interino, con un ahorro estimado de 934.000 euros anuales.
La exención de autorizaciones para instalaciones de autoconsumo en viviendas y pequeñas empresas, que supondrá un ahorro de 165.000 euros al año.
La elaboración de un modelo único para informes de actividades ganaderas, que ahorrará 348.000 euros anuales a los propietarios.
Una aplicación digital para los expedientes de patrimonio, con un ahorro previsto de 308.000 euros anuales.

Además del ahorro ciudadano, también se estima un ahorro de 1,3 millones de euros para la propia Administración autonómica y de más de 66.000 euros para las entidades locales.

El calendario de implantación se extiende hasta finales de 2026, con 30 medidas previstas antes de acabar 2025 y las 24 restantes a lo largo del año siguiente. Una vez concluida la ejecución, se evaluará su impacto para plantear una nueva fase de simplificación si es necesario.

Este plan refuerza la idea de que una administración moderna no se mide por el número de normas que genera, sino por su capacidad de facilitar la vida a quienes sirve. Con esta iniciativa, Castilla y León da un paso decisivo hacia una gestión más útil, eficiente y orientada al desarrollo económico y social.