La política sanitaria, así como la gestión de la pandemia del COVID-19 y la posición sobre los agentes del Diálogo Social, entre otros asuntos, han ido minando la confianza que reinaba en el “matrimonio” que conformaron el ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, de Ciudadanos, en el Gobierno de Castilla y León desde 2019. La ruptura llega después de que las dos alas del gabinete hayan ido sorteando la tensión que surgió desde el inicio del mandato y que no han logrado superar.
Ambos afrontaron la convivencia en la Junta con un acuerdo de gobierno que no ha logrado sobrevivir a una legislatura y que, sin embargo, logró imponerse a una moción de censura del PSOE, de la que el 'tándem' salió sin la mayoría absoluta debido a que la procuradora de Ciudadanos, María Montero, abandonó el grupo y pasó al grupo de no inscritos. De aquella jornada, 22 de marzo de 2021, se llevaron también el compromiso de que Cs no iba a apoyar nunca a los socialistas. Ahora, a las puertas de la Navidad, la Comunidad se encamina a una convocatoria electoral el domingo, 13 de febrero, un día antes de San Valentín, tres meses después de que la política sanitaria motivara el choque más importante, referido a la reordenación sanitaria, la apertura de los consultorios y la asistencia en el medio rural.
En una sesión de control en las Cortes, el 6 de septiembre, Fernández Mañueco anunció, por sorpresa, el apoyo a una iniciativa del PSOE que pedía la reapertura de los consultorios locales y criticaba con dureza la gestión de la Consejería de Sanidad. Ha sido uno de los momentos políticos más tensos de la legislatura, dado que ese respaldo también era una enmienda a la totalidad de los planes de la consejera Verónica Casado En ese momento, Igea reafirmó su intención de mantener la estabilidad en el Gobierno y el equipo de Sanidad paralizó, por orden de Mañueco, la aplicación de la reforma en el medio rural. Mientras en el Gobierno los recelos crecían sin que llegaran a materializarse los tambores de ruptura, en las provincias, los dirigentes del PP eran más duros con Casado e Igea y vetaban cualquier cambio que no contase con el territorio.
Es el ámbito sanitario la principal piedra de toque del Gobierno. Una de las primeras divergencias, precisamente sobre la conformación de la lista de espera tanto quirúrgica, como de pruebas diagnósticas, cuando el gabinete tenía apenas unas semanas de vida. Entonces, las declaraciones cruzadas entre dirigentes del PP y Francisco Igea, que protagonizó los posicionamientos más críticos con la anterior gestión, vivieron uno de sus momentos más álgidos cuando se conocieron los detalles del modelo sanitario para el medio rural que impulsó la consejera Verónica Casado, de la mano del vicepresidente.
La polémica por el posible cierre de los consultorios locales y el Plan Aliste, en referencia a la comarca zamorana, generó malestar entre los ciudadanos así como entre los alcaldes y presidentes de Diputación. Esto obligó a cambiar los planes iniciales de Sanidad y al presidente de la Junta a garantizar la atención en estos centros, en el medio rural, así como a exigir diálogo con los agentes sociales y las instituciones.
La repetición de las elecciones generales el 10 de noviembre de 2019, en las que Cs perdió su representación en el Congreso de los Diputados (ocho escaños) no hizo tambalearse a la coalición, más bien las críticas hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Unidas Podemos hizo de pegamento entre PP y Ciudadanos. Los meses iban pasando hasta que la irrupción de la pandemia de COVID-19 concentró toda la actividad política en la gestión sanitaria.
Los consejos de Gobierno de la Junta fueron en algunos casos maratonianos, ante el debate que surgía sobre la adopción de algunas medidas, como las referidas en marzo de 2020 a la suspensión de las clases en los centros educativos. También ambas partes del Gobierno han tenido encontronazos por el ámbito de aplicación de las restricciones – todos los municipios o únicamente los de mayor afectación-, y por el alcance de las medidas en sí. Entonces, el vicepresidente y Verónica Casado acapararon todas las comparecencias y mensajes a la población, anticipando medidas, que en algunos casos fueron corregidas por Fernández Mañueco.
También fueron contestadas las críticas de la consejera de Sanidad e Igea hacia el modelo residencial de Castilla y León, ante la mortalidad que registraron por el COVID. En aquellos meses, los más duros, se produjo la salida del gabinete del consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, que fue sustituido por Carlota Amigo. Igea adelantó su nombre, lo que llevó al presidente a tener que dejar claro que le competía a él nombrar a los miembros de su gobierno.
La desescalada también conllevó ‘roces’ entre las dos almas del Ejecutivo autonómico. Primero se acordó que la salida del confinamiento fuera por zonas básicas de salud, en lugar de por provincias, como la mayoría de las comunidades. Así fue hasta que el presidente avanzó un domingo que la Junta iba a proponer que todas las provincias avanzaran de fase, días antes de conocer la evolución epidemiológica, lo que fue cuestionado por Verónica Casado, que llegó a reconocer que no se sentía cómoda con ello.
Las olas epidémicas siguieron golpeando con fuerza a Castilla y León, mientras la tensión entre PP y Ciudadanos fue en aumento por la posición de la consejera Carlota Amigo sobre las ayudas a las personas afectadas por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), a pesar del ‘bálsamo’ que supuso la firma en Castilla y León del Pacto por la Recuperación.
El conflicto entre sindicatos y patronal con la parte ‘naranja’ del Ejecutivo exigió la mediación del presidente Fernández Mañueco, quien tras adoptar restricciones frente al COVID, pronunció la frase de “salvar las Navidades”, muy cuestionada por Igea y Verónica Casado y que conllevó duras medidas en enero de 2021, con la imposición del toque de queda a las 20 horas, cuya legalidad debate el Tribunal Supremo.
PP y Ciudadanos han chocado también en los nombramientos sanitarios. No hace dos meses que los populares abulenses pedían la dimisión de Verónica Casado por destituir a la gerente de asistencia sanitaria de Ávila, María Antonia Pedraza, y poner en su lugar a Carlos Navarro, en lo que se interpretó como una cesión a las exigencias de Por Ávila ya con los presupuestos en el horizonte. Se da la circunstancia que Pedraza había cesado en 2015 a Pedro Pascual, hasta hoy procurador de la formación abulensista. Poco antes, en septiembre el PP burgalés se había enfrentado a la consejera por las actuaciones del gerente del hospital del HUBU y la había acusado de desmantelar servicios como el de oncología. La polémica en torno a esta cuestión llevó al propia Igea a pedir “lealtad” a sus socios para mantener la estabilidad en el Gobierno.
Las diferencias sobre la apertura de interiores de los locales de hostelería, los aforos o la clausura de otras actividades comerciales marcaron la tensión del Ejecutivo autonómico y de los socios de PP y Cs, sin embargo lograron superar en marzo la moción de censura del PSOE, aunque perdieron la mayoría absoluta, al abandonar las filas 'naranjas' la salmantina María Montero, hasta ahora procuradora no adscrita. Entonces, Fernández Mañueco aseguró que su intención era agotar la legislatura, siempre que hubiera estabilidad parlamentaria y prometió a la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, no convocar elecciones en Castilla y León.
Limar asperezas
‘Populares’ y ‘naranjas’ han limado sus asperezas con decisiones salomónicas en algunos asuntos críticos, como lo fue la citación de Alfonso Fernández Mañueco a la comisión de investigación de las eólicas, el edificio de Arroyo de la Encomienda y los terrenos de Portillo. También, Ciudadanos llegó a compartir la necesidad de crear una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias, algo que más tarde rectificó.
De los encontronazos, aunque de manera más soterrada en este caso, no se ha librado tampoco la ordenación del territorio. Las declaraciones iniciales de Igea hablando de fusión de municipios, primero voluntaria y luego forzosa, levantaron más que enfados en la estructura territorial del PP. Eran los primeros compases de la legislatura y se dejó pasar en aras a la estabilidad, pero lo cierto es que el proyecto de ley que finalmente se presentó en las Cortes no recogía en ningún momento la desaparición de ayuntamientos y se estaba ya limando el texto para adecuarlo a los planteamientos del PP.
También Cs defendió la supresión de “chiringuitos” o entes en la administración autonómica, como la Fundación Anclaje, lo que se cerró con un acuerdo para proponer su supresión, sin que se haya llevado a cabo. A todo ello, se han unido las dificultades para negociar los tradicionales acuerdos del Diálogo Social en la Comunidad, con quejas y críticas reiteradas de sindicatos y patronal.
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