Hasta este sábado, los futbolistas de la Unión Deportiva Salamanca que no lo hayan hecho todavía presentarán las correspondiente denuncias ante la AFE para garantizarse el cobro de las mensualidad que la entidad blanquinegra no ha hecho efectivas y que deberá hacer antes del 30 de junio si quiere permanecer la campaña que viene en Segunda B, es decir, si quiere sobrevivir, puesto que un descenso administrativo sí que dejaría sin vida al club charro.

Sabiendo que todos los jugadores reclamarán y siendo este uno de los puntos vitales una vez que el convenio de acreedores salga adelante el día 18 de junio, se da por hecho que el Banco Popular, cuyo voto vale el quórum, dirá que sí al mismo, es la negociación con Hacienda el principal escollo para el club charro.

Los más de nueve millones de euros que la UDS tiene que pagar a Hacienda, que además quiere en principio unas condiciones imposibles para el pago, en siete años, es lo que ha pasado a primer plano y lo esencial para que el club pudiera salir adelante, ya que no hay avances en la negociación más que intentar alargar ese plazo.

Lo saben en la entidad, los administradores y los Hidalgo, ya que si sale adelante el convenio, se registra inmediatamente después la ampliación de capital que servirá para colocar a Juan José Hidalgo como máximo accionista y para saldar las deudas con la plantilla y se consigue sacar adelante la liquidación de la sociedad paralela tras la correspondiente auditoria sólo podría frenar la continuidad de club esa negociación con el fisco, nada sencilla y cuyo avance es lento.

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