¿Cuáles son las residencias de mayores multadas en los últimos años en Salamanca?

A raíz del COVID-19, la Junta ha reforzado las inspecciones, realizando desde el inicio de la pandemia controles en124 centros salmantinos

Las inspecciones en las residencias de mayores han aumentado con la pandemia
Las inspecciones en las residencias de mayores han aumentado con la pandemia

Trece residencias de personas mayores de Salamanca han sido multadas entre los años 2014 y 2020, la mayoría por personal insuficiente, pero también hay sanciones muy graves por abandono de usuarios. Forman parte de una lista de más de un millar de residencias sancionadas en toda España, elaborada en una investigación de El País, que constata las pocas inspecciones que se realizan en estos centros, su opacidad, unas multas bajas y la falta de transparencia al no hacerse público el resultado de los controles.

La residencia salmantina más sancionada, según la mencionada lista de El País, es Cibeles, ubicada en Villamayor, que acumula en este periodo cinco multas, dos de ellas consideradas muy graves, por un total de 165.000 euros. Es la segunda más multada de Castilla y León y se sitúa en el puesto catorce de las 1.133 residencias que recibieron una multa a nivel nacional.

Este centro de mayores tuvo en 2016 tres sanciones, una de ellas muy grave: abandono de usuarios; le fue impuesta una multa de 30.000 euros. Las otras dos fueron por personal insuficiente (grave) y la sanción alcanzó 3.001 en ambas ocasiones.

En 2018, de nuevo, otra sanción por personal insuficiente, con una cuantía de 9.001 euros. La multa más alta la recibió en 2019, también por personal insuficiente, pero en esta ocasión con menos del 70% exigido, por lo que fue considerado muy grave y recibió una sanción de 120.001 euros.

Con tres multas durante los últimos años figura la residencia Bellavista, de Castellanos de Moriscos. Tres sanciones graves, dos por personal insuficiente en 2018 y 2019, con multas de 3.001 y 12.001 euros, respectivamente; y otra doble, por la falta de seguro y también personal insuficiente (12.001 euros) en 2018.

También la residencia Bellavista, pero esta vez la ubicada en la localidad de Babilafuente, ha recibido dos sanciones, una de ellas por falta muy grave en 2018, el abandono de usuarios, por la que fue multada con 60.000 euros. El mismo año había sido sancionada con 6.001 por falsear datos.

Las otras diez residencias sancionadas en Salamanca en los últimos seis años han sido multadas solamente en una ocasión, repitiéndose mayoritariamente la falta de personal (grave) y la cuantía de 3.001 euros.

La multa más alta en estos casos fue para la Residencia Hospital de La Pasión de Ciudad Rodrigo, sancionada en 2019 con 18.002 euros por personal insuficiente. Por el mismo motivo y en el mismo año, Las Azucenas II, de Calvarrasa de Abajo, tuvo que pagar 9.001 euros.

Con 3.001 euros fueron sancionadas por la misma carencia las residencias Jesan (Castellanos de Villiquera) en 2019, La Piedad (Fuenteguinaldo) e Inmaculada Concepción (Saucelle) en 2017.

Los centros de mayores Nuestra Señora de La Asunción y San José, en 2016, y Costa Zurguén (Salamanca) y Santamarta (Santa Marta de Tormes), en 2015, fueron multados por falta de autorización con la misma cuantía.

Y por falsear datos en 2014 fue sancionada con 3.001 euros, la residencia San Antonio, en Tordillos.

En Castilla y León, según El País, se registraron durante estos años 135 sanciones, siendo la comunidad donde se encuentran los únicos casos de España de multas por abandono de usuarios, entre ellas las mencionadas salmantinas. A la residencia Nuestra Señora de la Esperanza (Valladolid) le costó 90.000 euros y el cierre definitivo en 2018. La residencia con más multas es El Jardín, en Corbillos de Sobarriba (León), con seis.

Y la comunidad con más sanciones es Madrid, con 351, que además tiene cuatro de las residencias más sancionadas de España, una de ellas, Las Peñuelas, con la mayor multa del país, casi medio millón de euros.

Aumento de las inspecciones a raíz de la COVID-19

La pandemia de la COVID-19 y lo sucedido en las residencias de mayores sobre todo durante la primera ola han puesto en duda la forma de controlar estos centros residenciales de mayores y si la cantidad de inspecciones era suficiente por parte de las administraciones. Además hay que tener en cuenta que el resultado de estas no se hace público, algo que ha suscitado quejas de los usuarios.

A raíz de la crisis sanitaria, se han reforzado los controles, al menos por parte de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Un total de 124 centros salmantinos han sido inspeccionados desde el inicio de la crisis sanitaria por inspectores y personal técnico, que han llevado a cabo distintas actuaciones de comprobación y control visitando estas residencias.

Según figura en la web de Servicios Sociales de Castilla y León, desde el 13 de marzo de 2020 al 2 de julio de 2021, se realizaron estas actuaciones en 683 residencias de la comunidad, 124 de ellas en Salamanca, la provincia con mayor número de centros controlados.

Los informes de comprobación y control realizados alcanzaron en los centros salmantinos los 344; en este caso, es Palencia la que encabeza la cifra, con 457; en total en la comunidad se realizaron 2.773 informes de comprobación.

El informe solo refleja el listado de las residencias donde se han realizado controles, pero no el resultado de los mismos ni si ha habido algún tipo de sanción.

Estos controles se realizan en base a lo establecido en la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, que señala que se llevan a cabo tanto por inspectores como por personal técnico de las administraciones públicas de Castilla y León competentes en materia de servicios sociales.

Estas actuaciones de comprobación realizadas por el personal técnico que no tiene la condición de inspector pueden dar lugar a la iniciación, en su caso, del correspondiente procedimiento sancionador, al igual que las actuaciones realizadas por la inspección.

En dichos controles se realiza un informe técnico de comprobación y un acta de inspección, que recogen los datos del centro, la ocupación, la documentación del centro y del usuario, el personal con el que cuenta, estado de las instalaciones y equipamiento, servicios y prestaciones, organización y funcionamiento, etc.

Tras detectar algún incumplimiento, se requiere a que en el plazo de un mes la residencia acredite la subsanación de los incumplimientos que piden desde la Gerencia de Servicios Sociales. Si no cumplen, se aplicará el régimen sancionador.

 

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