La Abogacía Española anuncia una reunión para tratar la protesta de jueces y fiscales en el paro convocado para el próximo 11 de junio

El pulso entre el Gobierno y las principales asociaciones de jueces y fiscales se intensifica. Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ha anunciado que se reunirá la próxima semana con los representantes de la judicatura y la fiscalía que han convocado un paro de diez minutos el próximo 11 de junio. Esta medida de protesta se produce en rechazo al polémico proyecto de ley de Acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, así como a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), propuestas por el Ejecutivo.

"El Consejo considera de vital importancia el efecto que sobre la Justicia tendrá la reforma del acceso a la carrera judicial y la carrera fiscal", ha declarado el CGAE en un comunicado. González enfatizó que es "nuestra obligación escuchar a los convocantes de esta protesta dada la importancia del tema para el funcionamiento de la Justicia".

Todas las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de las progresistas, se unirán al paro, que se llevará a cabo a las 12:00 horas a las puertas de las sedes judiciales. El objetivo es claro: expresar su "rotundo rechazo" a las reformas anunciadas por el Gobierno.

Las asociaciones firmantes, entre las que se encuentran la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), solicitan la "retirada" inmediata del proyecto de ley que busca reformar el EOMF y adaptar la Fiscalía a un nuevo modelo procesal que dejaría en manos de los fiscales las investigaciones penales, una función que hasta ahora dirigían los jueces.

Argumentan que sus medidas son "altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial", no responden a "una verdadera demanda social" y no contribuyen a "solucionar los verdaderos problemas de la Justicia". Advierten, también, que la reforma incrementa "los riesgos de su politización y debilita los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho".