El Colegio de Abogados de Salamanca han querido manifestarsu malestar con el Ministerio de Justicia por las dudas, así como la falta demedios y previsión de cara a la vuelta normalidad. Lo han hecho a través delsiguiente comunicado en la propia web del colegio salmantino
“Conocida la publicación con fecha 29/04/20 del Real Decreto-Ley 16/2020,de 28 de abril, sobre Medidas procesales y organizativas para hacer frente alCovid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, la Junta de Gobiernodel Colegio de Abogados de Salamanca, una vez analizado el contenido de dichanorma, quiere manifestar lo siguiente:
-Mostrar nuestro más profundo malestar porque el Ministeriode Justicia no ha tenido en cuenta las propuestas esenciales realizadas por laAbogacía Española y los 83 colegios de abogados de España que la representan.Es evidente que, con manifiesto desprecio, no han querido escucharnos.
- Lamentar que se haya atendido única e interesadamente laspropuestas de determinados sectores profesionales y no de todos los quecolaboramos en la Administración de Justicia, ignorando a propósito que losabogados y abogadas somos tan parte de ella como el resto de los operadoresjurídicos y que sin nosotros la Administración de Justicia es inoperante. Nosomos más pero tampoco menos que nadie y esta no es pues una norma fruto delconsenso.
-Constatar que no existe dotación presupuestaria ni medidaeconómica alguna que sirva para proporcionar medios materiales a los juzgados,y mucho menos a los abogados y abogadas con lo que cualquier medida depretendida agilización sobre el papel será, en la práctica, ineficaz. Sin másmedios técnicos, no habrá juicios telemáticos ni agilización de procedimientos.
- Denunciar que no se dan fechas niprevisión alguna para el arranque de la celebración de vistas y actuacionesjudiciales. No se ha previsto calendario para la desescalada de la justicia,estando al arbitrio de cada Juzgado y Tribunal. No existe planificación alguna.
- Denunciar que no se haya adoptado ninguna medida expresa enrelación con laAsistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio paragarantizar su funcionamiento en esta nueva situación, que generará multitud desolicitudes de justicia gratuita.
-Denunciar que la realización de vistas por vía telemática quese prevé es una utopía, haciéndose depender exclusivamente de la capacidadtecnológica de los Juzgados y Fiscalía, sin que en ningún momento se tenga encuenta la capacidad de conexión de los letrados, procuradores, partes, testigosy peritos, así como las garantías de comunicación que contienen nuestras leyesprocesales. De nuevo la justicia se deja a la improvisación.
-Lamentar que en ningún apartado de la norma se reconozcan losverdaderos motivos del atraso que sufre la Justicia, siendo absolutamentenecesario para remediar esta situación la dotación de medios tecnológicos,personal y el debido cumplimiento de las jornadas laborales.
-Constatar que si durante lavigencia del estado de alarma se ha paralizado una gran parte de la actividadjudicial se ha debido a la falta de medios técnicos e informáticos quepermitiera a los funcionarios la posibilidad de realizar teletrabajo, asícomola carencia de mediosde seguridad que permitiera llevar acabo el trabajo de forma presencial.
-Expresar nuestro rechazo absoluto a declarar hábil el mes deagosto, mientras que por otro lado se garantiza el respeto a las vacaciones delos funcionarios de la Administración de Justicia, lo que además de sertotalmente discriminatorio respecto a los abogados y abogadas de este país,resulta una medida ineficaz e improductiva que no aliviará el atraso acumulado.De esta forma y con total seguridad, la actividad judicial se verá ralentizadadurante los meses de junio, julio y septiembre, siendo más que probable lasuspensión de vistas en agosto por imposibilidad de notificaciones eincomparecencias de peritos y testigos. No podemos aceptar que los abogados yabogadas tengan que estar a plena disposición en agosto mientras que el restode operadores jurídicos no lo están.
- Recordar que las vacaciones no son un privilegio sino un derecho,como ya se ha encargado de poner de manifiesto el Ministerio de Justiciarespecto a todos los funcionarios judiciales, pero olvidándose deliberadamentede los abogados y abogadas, que también tienen derecho a descansar y conciliarsu vida profesional y familiar.Nadie se ha planteado, incluso en estascircunstancias excepcionales, que ningún colectivo profesional deba renunciar asus vacaciones, pero para el Ministerio de Justicia es evidente que elcolectivo de la abogacía no tiene derecho a ellas.
- Mostrar nuestra indignación ante la ausencia de explicaciones delMinisterio de Justicia para rechazar la sensata y justificada propuesta delCGAE de concentrar, de manera excepcional, todas las vacaciones de todos losoperadores jurídicos (funcionarios, jueces, fiscales, LAJ, abogados yprocuradores) en el mes de agosto para que los meses de junio, julio yseptiembre fueran de trabajo efectivo con todos los órganos judiciales al 100%.
Ante esta situación, la Junta de Gobierno ha acordado por unanimidad lassiguientes medidas:
1)Requerir al Ministerio de Justicia la derogación delReal Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativaspara hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
2)Instar al Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL)y al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) a que se adopten medidascontundentes de presión y de protesta contra dicho Real Decreto-ley.
3)Exigir que, en todo caso, en cumplimiento del art. 1.2 delReal Decreto-ley 16/2020, se garantice por el Consejo General del PoderJudicial, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia, laadopción de forma coordinada, en sus respectivos ámbitos de competencia, de lasmedidas necesarias para la distribución de las vacaciones de Jueces,Magistrados, miembros del Ministerio Fiscal, Letrados de la Administración deJusticia y demás personal funcionario al servicio de la Administración deJusticia. Ello de manera que, con anterioridad suficiente a que se produzca lareapertura de la actividad judicial, se haga pública la distribución devacaciones y las medidas adoptadas por aquellos a quienes viene atribuida esaresponsabilidad, para la efectividad de la medida del art. 1.1.
4)Exigir que, ante la reanudación de la actividadjudicial, y siendo evidente que gran parte de ella seguirá siendo presencialdebido a la carencia de medios, los letrados deberán actuar en todo momentoobservando las máximas garantías sanitarias, exigiendo que se respeten lasmedidas de distanciamiento, higiene y desinfección con que deberán contar lassalas de vistas y que han sido establecidas por el Juez Decano mediante Acuerdode 30 de abril de 2020 y, para el supuesto de no respetarse, optar porsolicitar la suspensión.La defensa de la salud como primer derecho.
Con todo y con ello, los abogados nosdebemos a los justiciables y somos los máximos interesados en que la Administraciónde Justicia recupere toda su funcionalidad y operatividad, pues de ello dependeel correcto funcionamiento de un estado de derecho y además constituye nuestromodo de vida, pero ello no puede hacerse a costa de nuestro colectivo, con unplanteamiento tan gravemente perjudicial como el hecho por el Ministerio deJusticia.”