Agricultura cede ante los veterinarios y permitirá la libertad de prescripción tras meses de protestas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha dado un paso decisivo para intentar resolver el conflicto con el sector veterinario mediante la modificación del Real Decreto 666/2023. El nuevo texto, que se encuentra en fase de audiencia pública hasta el próximo 19 de febrero, introduce cambios fundamentales en la regulación de medicamentos. La novedad más destacada es el reconocimiento de la libertad de prescripción, permitiendo que los profesionales actúen según su juicio clínico ante circunstancias no previstas en la autorización del producto para garantizar el bienestar animal y minimizar riesgos adversos.

Esta reforma responde a la presión ejercida por un sector que se mantenía en pie de guerra desde la entrada en vigor de ciertas restricciones en 2025. Tras una serie de manifestaciones que culminaron en una cacerolada frente al Ministerio el pasado noviembre, el Gobierno ha incluido también la posibilidad de ceder medicamentos directamente al propietario. Esta entrega deberá realizarse sin ánimo de lucro y tiene como objetivo asegurar la continuidad de los tratamientos cuando existan dificultades de acceso a la medicación, especialmente en animales de compañía.

Pese a los avances, la Organización Colegial Veterinaria Española (OCV) mantiene una postura crítica en varios puntos. Aunque valoran positivamente la autonomía clínica y la posibilidad de reutilizar medicamentos sobrantes en explotaciones ganaderas bajo estrictas condiciones de conservación, lamentan que la cesión gratuita no se extienda a los animales de producción. Asimismo, consideran que la simplificación burocrática en el sistema PRESVET es insuficiente, ya que España sigue manteniendo exigencias superiores a las de otros países europeos, lo que resta tiempo asistencial a los profesionales.

Por su parte, la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) se ha desmarcado radicalmente de la postura de la OCV y rechaza el borrador del Ministerio. La patronal acusa a la organización colegial de conformarse con cambios cosméticos y critica que se hayan ignorado propuestas para una reforma técnica profunda. Según la CEVE, el texto actual no corrige los problemas estructurales del Real Decreto y abogan por la derogación completa de la normativa para evitar que se prolongue un escenario de bloqueo que perjudica tanto a la salud pública como a la viabilidad de las empresas veterinarias.