La asociación Derecho a Morir Dignamente Salamanca se congratula por la aprobación de la Ley de la Eutanasia: “Se nos reconoce un derecho que sin duda nos ayudará”

También recuerdan que la aprobación de la ley abre un periodo de intensos trabajos en la administración central y en las autonómicas para construir los instrumentos que la ley establece, como las comisiones de garantías y evaluación

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 Mesa informativa de la asociación Derecho a Morir Dignamente
Mesa informativa de la asociación Derecho a Morir Dignamente

El grupo de trabajo de Salamanca de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente ha compartido, a través de un comunicado, su satisfacción con la ciudadanía porque la aprobación en el Congreso de la ley que despenaliza la eutanasia en determinadas situaciones y que incorpora la ayuda a morir como una prestación más del sistema nacional de salud.

En la nota de prensa, señalan que su asociación ha cumplido recientemente 36 años de trabajo “para lograr unas condiciones más dignas en la muerte”. “En ese tiempo, la ciudadanía española ha madurado su postura frente a la despenalización de la eutanasia, que ha llegado a ser un clamor apoyado por más del 80 % de la población. Un clamor silencioso, porque sigue resultándonos difícil hablar de la muerte en voz alta”, indican.

Por ello, consideran que a partir de ahora “se nos reconoce un nuevo derecho que sin duda nos ayudará. Es una buena ley que tendrá que desarrollarse y tendrá que llegar a donde la ciudadanía diga, como está ocurriendo en los países de nuestro entorno que legislaron hace años en este tema”.

También recuerdan que la aprobación de la ley abre un periodo de intensos trabajos en la administración central y en las autonómicas para construir los instrumentos que la ley establece, como las comisiones de garantías y evaluación.

La implementación de la ayuda a morir como una prestación del Sistema Nacional de Salud “supondrá todo un reto para las comunidades autónomas y para los servicios de salud, en unos momentos difíciles sin duda”, prosiguen.

Todo ello tendrá que estar dispuesto antes de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor de la ley. “Nuestro grupo espera ser de utilidad en ese proceso y hemos ya iniciado contactos con los grupos políticos y las organizaciones sociales para concretar esa ayuda. Será un trabajo de toda la sociedad que nos hará una sociedad mejor”, sentencian.

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