La sesión extraordinaria del pleno de ordenanzas fiscales celebrada este viernes en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca sirvió para sacar adelante la reforma de la nueva plusvalía municipal, es decir, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal. Los votos a favor de los componentes del equipo de Gobierno, formado por PP y Ciudadanos, y las abstención en bloque de la oposición sirvieron para su aprobación inicial.
Durante el debate parlamentario, el portavoz de los ‘populares’, Fernando Rodríguez, quien también es concejal delegado de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento, aseguró que la modificación servirá a los salmantinos para “pagar menos” por la plusvalía. La polémica residió en el coeficiente aplicado por los responsables municipales y el edil apeló a la cautela pues “ni el Ministerio sabe precisar con exactitud cuál va a ser el impacto de estos cambios”, aunque, en cualquier caso, reconoció el “importante descenso” en la recaudación para las arcas municipales.
El portavoz socialista, José Luis Mateos, por su parte, atribuyó ese descenso en la aportación de los ciudadanos destacado por Rodríguez al Gobierno de España e insistió en que el equipo de Gobierno ha optado por aplicar los “coeficientes máximos”. Una postura refrendada por las concejalas del Grupo Mixto, también en la posición. Así, Carmen Díez, de Unidas Podemos, aseguró que Salamanca paga como si fuera un ciudad de mayor impacto.
Congelación de impuestos
La sesión plenaria sirvió para aprobar, un año más, la congelación de los impuestos y tasas municipales. Además, durante la sesión, la Corporación dio luz verde a la actualización según el IPC de algunos precios públicos y tarifas, en función de los contratos con las empresas concesionarias que así lo recogen.
Este punto, de hecho, fue el que más controversia generó y por donde el PSOE, que se opuso en todas las votaciones, llevó el debate plenario. Así, el concejal socialista Marcelino García, criticó que, con la propuesta del equipo de Gobierno, no se está llevando a cabo una congelación “real” de las ordenanzas fiscales, precisamente por esa subida del 2,7 por ciento y acusó por ello de “únicamente” pretender beneficiar a las empresas concesionarias.
Los socialistas habían presentado un total de 13 alegaciones al documento aprobado inicialmente en octubre con el objetivo, en palabras de García, de “contribuir a la reactivación económica y la generación de empleo y de oportunidades, y promover la progresividad fiscal para que pague más quien más tiene”. El portavoz ‘popular’ y concejal de Economía y Hacienda, Fernando Rodríguez, argumentó que dicho incremento se debe únicamente al cumplimiento con los contratos de licitación firmados con las empresas que prestan algunos servicios públicos.
Además, en 2022 también se mantendrán todos los beneficios fiscales para las familias en función de sus ingresos y las medidas tributarias para paliar los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia. Según recordó Rodríguez, el Consistorio de Salamanca viene congelando todos los impuestos desde 2015, además de la tasa de basura y las tarifas del autobús, y combinando esta congelación con rebajas en los mismos, como la del IBI en 2019 o previamente las del ICIO y la plusvalía, que será reformada en base a la sentencia del Tribunal Supremo. “Ustedes han votado en contra de todas estas congelaciones, no nos sorprende el sentido de su voto”, afirmó, dirigiéndose al edil socialista.
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