La reforma de la financiación local es una exigencia que lleva años en boca de los regidores de los ayuntamientos de Castilla y León y desde estos entes reclaman una y otra vez que se aborde ya, en paralelo a la autonómica. No en vano, las corporaciones más cercanas al ciudadano elevaron la presión fiscal a sus ciudadanos para financiarse en 133,5 euros por ciudadano entre 2009 y 2019, hasta recaudar una media de 625,4 euros por habitante.
El informe de las Haciendas Locales en cifras, del año 2019, recientemente publicado por el Ministerio de Hacienda, pone de relieve no obstante, que la recaudación por habitante de estas corporaciones de la Comunidad, se situó por debajo de la nacional en 2019, cuando alcanzó lo 688,6 euros, con un avance del 20,5 por ciento en los diez años de estudio.
Hay que tener en cuenta la diferente evolución poblacional del conjunto nacional, frente a Castilla y León, ya que en España se recauda más con más habitantes, y en la Comunidad, suben los ingresos pero cada vez hay menos gente. En concreto, el conjunto de las autonomías vieron crecer la población en la década un 1,6 por ciento, hasta los 47,1 millones en 2019; mientras que la Comunidad perdió el 5,7 por ciento de sus ciudadanos, hasta los 2,4 millones.
El estudio recogido por Ical, sitúa los ingresos fiscales de los ayuntamientos de la Comunidad en 2019, en los 1.502,7 millones de euros; frente a los 32.438,6 en España, con subidas del 19,9 y 22,4 por ciento, respectivamente.
Directos, indirectos y tasas
En concreto y en relación a los impuestos directos, los ayuntamientos de la Comunidad, recaudaron 978,68 millones de euros durante 2019, lo que representa un crecimiento del 30,7 por ciento respecto al dato de 2009.
Bajando al detalle, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) permitió unos ingresos a estos entes locales de Castilla y León por 695,5 millones de euros, en 2019, con un importante aumento respecto al año 2009, del 45,3 por ciento.
Asimismo, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica permitió unos ingresos a los consistorios en el ejercicio de estudio de 124,36 millones de euros, con un ligero incremento respecto a la cifra de una década atrás del 0,4 por ciento.
En cuanto a las plusvalías, recientemente anuladas por el Constitucional, y reguladas de nuevo por el Gobierno, supusieron unos ingresos de 60,79 millones de euros, que revela un avance del 24,5 por ciento.
Cabe destacar asimismo, la recaudación de 72,86 millones de euros, a través del Impuestos sobre Actividades Económicas (IAE), que presentó una subida en los diez años de estudio del 7,1 por ciento.
Por lo que se refiere a los impuestos indirectos, la recaudación global se situó en 82,99 millones de euros, y registró una merma en el periodo del 4,9 por ciento. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras asumió 55,35 millones de la recaudación total, y registró un descenso en relación a 2009, del 11,9 por ciento. Asimismo, cabe destacar unos ingresos por IVA de 19,33 millones, que aumentaron un 20,9 por ciento. El impuesto sobre consumos ingresó 7,7 millones, un 1,2 por ciento más.
El análisis de los ingresos fiscales, pone de relieve asimismo, que el ingreso por tasas de los ayuntamientos de Castilla y León superó los 441 millones de euros en 2019, una cantidad que representa un crecimiento del 5,7 por ciento en comparación a la cifra de 2009.
Transferencias corrientes
La subida de la presión fiscal de los municipios fue muy superior a las transferencias corrientes que recibieron de otras administraciones, esencialmente del Estado y la Junta, lo que resulta relevante a la hora de exigir mejoras en la financiación. En concreto, los ayuntamientos recibieron en 2019, unas transferencias corrientes que ascendieron en total a 711,36 millones de euros, que supone un ligero avance en la década del cuatro por ciento.
En este sentido, cabe destacar los 504,28 millones de euros que llegaron a los consistorios de Castilla y León desde el Estado, que representan un crecimiento desde 2009, del 7,3 por ciento. Peor comportamiento tuvieron las transferencias de la Comunidad, que ascendieron en el año de estudio a 142,46 millones de euros, con una merma del 20 por ciento, respecto a diez años antes.
Por último, es reseñable dentro de las mayores partidas, las transferidas por las diputaciones provinciales, que fueron las que experimentaron el mayor esfuerzo, repartieron entre los ayuntamientos más pequeños 54,6 millones de euros, con un espectacular aumento en comparación a 2009, del 333,3 por ciento, siempre según los datos del estudio ministerial.
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