Johanna lleva cuatro meses en España. Desde que llegó con elobjetivo de solicitar protección internacional, empezó a buscar por su cuentabancos para abrir una cuenta bancaria. Sin embargo, se llevó una desagradablesorpresa cuando no pudo hacerlo en ninguna. “En algunas decían que sí perodecían que tenía que adquirir de manera obligatoria un seguro de vida por 30euros, una cantidad alta para mi situación”. En otras le ofrecían laposibilidad de hacerlo online, vía imposible, ya que uno de los requisitos eratener tarjeta de residente.
El caso más grave se dio en Bankia de la calle Toro, donderecibió la respuesta oral “a colombianos no”, sin argumentar otras razones parano abrir una cuenta bancaria. Según el RealDecreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas,las entidades financieras están obligadas a abrir una cuenta de pago básica alas personas solicitantes de asilo sin discriminar por nacionalidades.
Ante esta imposibilidad, Johanna se dirigió a la Red de Acogida, donde se encontró con que no era la única: había unas diez personas enla misma situación. Entre ellas, había también procedentes de Venezuela,Honduras, Salvador o Perú. Estas se dirigieron de manera conjunta a la entidady recibieron una solicitud por escrito a la que no se les contestó.
Entre varias idas y venidas el departamento de Atención alCliente de la entidad bancaria contestó por escrito con la negativa por “un aspectodiscrecional del banco sobre política comercial y organizativa”. Una de lascoordinadoras de la Red de Acogida, Lizbel Rodríguez, explica que hanconsultado a abogados de algunas ONG para conocer la manera de procederjurídicamente. Valora incluso otras acciones, como concentraciones a la puertade la entidad o denuncias al Banco de España, ya que consideran que se trata deun “acto discriminatorio por razón de nacionalidad, que además causa un granperjuicio a las personas”.
Las consecuencias deno tener cuenta bancaria
Actualmente esta red de apoyo al inmigrante ayuda a unas 140personas solicitantes de asilo en España. Desde que piden cita hasta que tienenla entrevista en la Subdelegación para valorar esa protección internacional pasande 6 a 8 meses, lo que deja a esas personas en un vacío jurídico y sin ningunaprotección.
Es precisamente la situación de Johanna, quien a pesar detener su familia en Colombia, llegó sola a España. Sin embargo, este ‘limbojurídico’, la deja en una tesitura delicada: “Como soy solicitante de proteccióninternacional me encuentro desempleada porque no tengo permiso para trabajar”.A pesar de que se ha dirigido a algunas entidades como el Ayuntamiento pararecibir las ayudas de emergencias, al no tener cuenta bancaria el proceso seretrasa. Otras personas con hijos, cuenta, se han visto en la misma situación.
La coordinadora de la Red de Ayuda confirma estasdificultades: “Muchas de esas personas tienen protección internacional, notienen ningún tipo de ayuda y las ONG requieren de cuenta para hacer pago y elpago a los acreedores”. A pesar de que Cruz Roja y Cáritas los han intentadoayudar en la medida de lo posible, no pueden seguir dándole dinero en efectivo,ya que para un mayor control es necesario que estas personas tengan cuentabancaria.
Así continúa la lucha de Johanna y el resto de personas paralograr este derecho básico y empezar su vida en Salamanca.