La asociación presentará este informe al Banco de España, que ocupa la presidencia de la Comisión de Seguimiento prevista en el RD 1/2017, al conjunto de grupos parlamentarios, a las instituciones de consumo, al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia. El resultado del análisis confirma “el boicot de las entidades al mecanismo urgente de protección al consumidor en materia de cláusulas suelo y revela los abusos a los que siguen sometiendo a sus clientes”.
“Miles de usuarios siguen sintiéndose estafados y engañados por las entidades al comprobar que, pese a la multitud de sentencias que declaran nula la abusiva cláusula suelo y a la resolución del tribunal europeo, que establece la devolución íntegra, los bancos continúan practicando escandalosas irregularidades y se niegan a reintegrar las cantidades cobradas indebidamente”, añade la asociación
Estas premisas son corroboradas con los datos extraídos del informe realizado por Adicae cuyas principales conclusiones son que solo el 12% de los hipotecados ha obtenido una oferta económica por parte su entidad bancaria. De este porcentaje, tan sólo el 6% de los clientes han recibido efectivamente las cantidades, y el 6 % restante corresponden a ofertas engañosas por parte de los bancos que el afectado ha debido rechazar.
Añade Adicae que “entre el cúmulo flagrantes irregularidades que las entidades están cometiendo” en la aplicación del RD 1/2017 hay ingresos parciales de las cantidades que el banco estima, siempre a favor de la entidad, sin realizar ninguna oferta previa, sin desglose de cantidades, intereses ni negociación con el afectado; la denegación sistemática de las reclamaciones sin especificar motivo alguno; el manteniendo de la cláusula suelo en los préstamos de las hipotecas aludiendo transparencia, aún a día de hoy y con la multitud de sentencias a las espaldas; ofertas ‘off the record’, sin ningún soporte físico ni documentación o la solicitud como requisito a los afectados para realizar la reclamación de documentación de su hipotecas, pese a no ser necesario y a sabiendas que a muchos no les fue entregada.
“Y una larga lista de prácticas abusivas que se detallan en el dossier y que deja patente la mala fe y falta de escrúpulos de las entidades. Mientras, los clientes continúan pagando en sus contratos hipotecarias por este abuso bancario que ya debería haber concluido. La actitud de las entidades supone una rebelión frente al decreto- ley del Gobierno”, concluye la asociación.
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