Los centros educativos salmantinos agrupan una de cada cuatro situaciones de conflicto y violencia que se han dado en la Comunidad durante el pasado curso. Así, el servicio del Defensor del Profesor puesto en marcha por ANPE hace casi dos décadas ha recibido en el curso 2021-22 un total de 18 casos en Salamanca de los 72 registrados en todas las provincias de Castilla y León, lo que supone un 25% del total frente al 18% de Valladolid (13 casos), segunda provincia que más registra.
Los datos de este informe han sido presentado este jueves en la sede del sindicato por Guillermo Bueno y Pilar Gredilla, presidentes de Anpe Salamanca y Castilla y León, respectivamente, junto a María José Martín, defensora del profesor de ANPE Castilla y León, quien ha destacado una de las situaciones más significativas registradas en la capital: las amenazas de un padre a una profesora de infantil que observaba las clases de su hijo desde una ventana porque sospechaba que sus compañeros de aula le pegaban.
Este servicio, de ámbito nacional, inmediato y gratuito exclusivo de Anpe, fue puesto en marcha en 2005. Desde entonces ha atendido a más de 40.000 profesionales en todo el país, de los que casi 1.994 (72 de ellos en Castilla y León) corresponden a este último curso. De esas más de siete década, según refleja el informe, el mayor número se da en la ESO (43 casos), Primaria (22), Infantil (4), otras etapas (2) y Formación Profesional (1). En cuanto a la tipología de las problemáticas, 33 tienen relación directa a problemas con los padres (falsas acusaciones, denuncias, presión por las notas o acoso), otros 26 tienen relación con los alumnos (amenazas, acoso, faltas de respeto y falsas acusaciones, agresiones físicas y cyberbulling o daños a la propiedad); los 13 restantes cuentan con una tipología diferente y son tratados de manera directa por el profesor.
Cabe destacar que durante el curso 2021-22 se ha producido un aumento muy significativo de los problemas relacionados con los padres, según ha destacado María José Martín, tras aumentar un 15% con respecto al anterior curso. Además, a lo largo de este curso, del profesorado atendido por este servicio "estrella" de Anpe, 62 ha presentado cuadros de ansiedad (86,11%), 10 trastornos depresivos (13,8%) y 10 (13,8%) de ellos finalmente han precisado de una baja médica derivada de estas situaciones.
"El objetivo es tender puentes y estar cercanos con el profesorado para darle solución a los problemas. Cuando el profesorado veía la luz al final del túnel con el covid, ahora llega el cambio de ley, de horarios o actualizaciones", ha señalado el presidente provincial del sindicato. En base a ello y para hacer frente a esta problemática, Anpe ha presentado una serie de propuestas de mejora:
- Conocimiento y aplicación de la normativa existente en nuestra comunidad para la mejora de la convivencia.
- Actualización y cumplimiento de los Decretos de convivencia, así como los Planes de convivencia y los Reglamentos de los centros.
- Mayor implicación de toda la Comunidad Educativa y de la Administración para respaldar las actuaciones de equipos directivos y profesorado.
- Apoyo y reconocimiento de la función docente.
- Reconocimiento de la presunción de veracidad del docente como figura de autoridad.
- Formación específica del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar.
- Programas de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz y efectiva de los problemas de convivencia en los centros educativo.
- Reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes siempre que se deriven de situaciones de acoso, estableciendo estas situaciones como accidentes laborales.
- Una adecuada atención jurídica y psicológica gratuita para los docentes víctimas de situaciones de conflictividad escolar.
- Implicación de familias y asociaciones de padres en actividades que favorezcan un adecuado clima escolar.
- Compromiso por parte de la administración para el tratamiento rehabilitador y educativo de los alumnos agresores.