Este martes 30 de abril tendrán lugar las elecciones a la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca (AEHS), unos comicios no exentos de polémica. Este lunes, uno de los candidatos, Álvaro Juanes, ha denunciado en rueda de prensa presuntas irregularidades por parte de la asociación en el proceso electoral.
De esta manera, la candidatura se ha visto obligada a remitir un escrito a la Confederación de Empresarios de Salamanca para solicitar amparo legal con el fin de que intervenga. Y aunque consideran inviable paralizar las elecciones en este punto a falta de solo un día para que se celebren, se reservan el derecho de tomar medidas cautelares e impugnarlas dentro de los diez días hábiles entre la votación y la toma de posesión.
Derechos vulnerados por parte de la asociación
El escrito remitido a CES incluye la relación de hechos con los derechos vulnerados. Se detalla cómo la candidatura solicitó con el margen de tiempo necesario el censo de asociados y los estatutos de la Asociación para preparar la candidatura a la presidencia de la asociación.
Respecto al censo, en un primer lugar se les negó por una presunta vulneración de la Ley de Protección de Datos –ley que el abogado de la candidatura asegura que no afecta a las relaciones de las asociaciones con sus asociados-, pero tras insistir, se facilitó un listado de asociados. Álvaro Juanes denuncia que en él había registros duplicados, establecimientos que ya no se encuentran asociados, otros que sí que lo están y no aparecen, entre otras irregularidades.
Sobre los estatutos de la Asociación, se entregaron a Álvaro Juanes unos del año 2001, derogados hace seis años, ya que los vigentes están aprobados desde 2013. Entre ambos documentos hay tales discrepancias que “mi candidatura podría no haber sido válida por defecto de forma”. Por ejemplo, actualmente uno de los requisitos para poder votar es tener una antigüedad mínima en la Asociación de un año. La intención de la entrega de unos documentos que no están en vigor es “que cumpliendo lo que en ellos se recoge, presente una candidatura que pueda ser anulada por defecto de forma”.
De esta manera, según detallaba el abogado se han vulnerado dos derechos del candidato: conocer quién va a votar para preparar su candidatura y poder informar del proyecto que tienen. El candidato concluía asegurando que “es una maniobra cuyo único fin que persigue es la de favorecer a la candidatura que se ha presentado frente a la mía y cuya afinidad, por diversos intereses, es más próxima a la actual Junta Directiva”.
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