Entre las propuestasurgentes que Cáritas trasladó al Gobierno en los primeros días tras ladeclaración del estado de alarma para garantizar los derechos de las personas vulnerablesmás expuestas ante los efectos del coronavirus, se incluía la necesidad,largamente reclamada, de garantizar un sistema de ingresos mínimos como últimared de protección social de las personas y familias más empobrecidas.
Esa demanda seaborda dos semanas después de manera más detallada en un documento que Cáritasacaba de lanzar bajo el título ‘Covid19: Una crisis que exige una respuesta enforma de Ingreso Mínimo Garantizado’, con el que se hace una llamada explícitaa la colaboración y al compromiso de las distintas Administraciones públicas y,en especial, de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, a colaborar en eldesarrollo, puesta en marcha y tramitación de este ingreso mínimo garantizado (IMG).
Cáritas aboga eneste documento –que ha sido traslado en las últimas horas a representantes delGobierno— por establecer, como viene planteando desde hace años, un ingresomínimo garantizado, con una cobertura equivalente en todo el territorio delEstado y que sea capaz de llegar a las familias que, por efecto de esta crisis,se incorporan a la pobreza y a la exclusión social, y que se enfrentan alriesgo añadido de que su situación se agrave y se cronifique en el futuro másinmediato.
Una crisis que reclama un ingreso mínimo garantizado
Entre todas laspropuestas planteadas por Cáritas para reducir el impacto que la población enexclusión social y la población insegura iban a padecer destacaba la necesidadde trabajar en la garantía de ingresos mínimos, por ser esta la última red deprotección social de las personas y familias, algo que desde la Unión Europease nos viene reclamando desde hace años.
En el documentopresentado el 19 de marzo, Cáritas solicitaba la prórroga automática de lasrentas mínimas concedidas desde las Comunidades Autónomas y las que tendríanque ser renovadas en marzo y abril, mientras las circunstancias actualespermanecieran, además de resolver de forma urgente las que estaban en curso.
Ahora, vistos losefectos económicos y sociales que la crisis está generando, es urgente ir másallá, y solicitar un incremento decidido de la capacidad protectora sobre lasfamilias que ya vienen sufriendo las situaciones de pobreza y exclusión social,pero también sobre aquellos sectores sociales que están cayendo en situacionesde riesgo.
El actual sistema degarantía de ingresos mínimos, diseñado para alcanzar a las situaciones másextremas de pobreza, incorpora en muchos casos requisitos que exigen una ciertacronificación de la situación de pobreza, lo que deja fuera, y por tanto sincobertura, a todas las familias con situaciones de pobreza no extrema o que hanllegado a esa situación de forma coyuntural. Por ese motivo, Cáritas pone sobrela un modelo de ingreso mínimo garantizado que sea capaz de llegar a lasfamilias que se incorporan a la pobreza y a la exclusión social por efecto deesta crisis.
Un IMG equivalente en toda España
La propuesta de IMGque presenta Cáritas debería tener un ámbito estatal que garantizase unacobertura equivalente en todo el territorio nacional. Para ello, habría quesuperar la seria dificultad que suponen las actuales barreras competenciales yde financiación.
La vía más adecuadaen las actuales circunstancias para superar esos obstáculos sería la asunciónpor la Seguridad Social de esta nueva contingencia. Es una experiencia yaconocida cuando se han incorporado nuevos colectivos al sistema de protección,como por ejemplo las pensiones no contributivas de jubilación. Además, es unformato que pone el acento en lo que Cáritas considera prioritario: la cohesiónsocial y en la igualdad de derechos.
Algunas características de la propuesta
Esta propuestaincorpora de una manera decidida a tres colectivos insuficientemente protegidosen nuestro marco actual de garantía de rentas, y que son colectivos en pobrezabien estructural o fruto de la coyuntura, como puede ser la creada por elcoronavirus.
– Los hogares sin ingresos que seencuentran en situación de pobreza.
–Los hogares con bajos ingresos porla precariedad del mercado de trabajo, trabajadores y trabajadoras pobres.
– Familias con hijos a cargo, queestán representando situaciones cotidianas de pobreza infantil.
El IMG queproponemos estaría dirigido a:
– Los hogares sin ingresos yvinculado al número de personas que forman el núcleo familiar o de convivencia.
– Siendo la edad mínima de 18 añospara el titular de la prestación y la máxima la correspondiente a la de jubilaciónlegal.
– Las personas perceptoras serán lasempadronadas independientemente de su nacionalidad.
– Debido a la diversidad de hogaresen España, pueden ser compatibles varias prestaciones en un domicilio, con unlímite en la suma de cuantías.
–La percepción de dicha renta debeser incorporada en el sistema de Seguridad Social como derecho subjetivoúnicamente condicionado al nivel de renta del hogar.
–Su temporalidad debería estarvinculada al cumplimiento de la situación de “no ingresos”.
– La cantidad a percibir podría estarubicada entre el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y el umbral de pobreza relativo, calculada enfunción de los miembros del hogar a través de las unidades de consumo de laescala OCDE modificada u otras opciones mejoradas.
– La opción por la protección de losmenores dentro del sistema debe ser clara y decidida. Esta prestación debe serplenamente compatible con la actual deducción fiscal reembolsable para familiasnumerosas (incorporando a las familias monoparentales) y personas condiscapacidad, al objeto de que los actuales beneficiarios de esas deduccionesno salieran perdiendo con la nueva prestación.
Proponemos laexistencia de un ingreso mínimo garantizado equivalente en el ámbito estatal,que pueda articularse mediante la existencia de dos tramos, por una parte, unaprestación estatal que alcance los objetivos y colectivos descritos, y de otraparte una prestación autonómica que complemente y mejore el tramo estatal. Estaregulación tendría que suponer una mejora de los sistemas que tienen un nivelde protección más débil, en ningún caso una reducción de aquellos másgarantistas. Además de buscar el adecuado encaje jurídico dentro de lascompetencias definidas en la Constitución, asegurando que se respetan lascompetencias autonómicas.
El IMG deberíacontar con un complemento que facilite la incorporación al mercado de trabajo.Una extensión a través de una cantidad que bonifique el acceso al empleo. Estecomplemento se dirige a dos colectivos de forma simultánea:
–Personas que perciben el IMG y quecomienzan a incorporarse o reincorporarse al mercado de trabajo.
– Trabajadores cuyo salario no lespermita alcanzar los mínimos umbrales de supervivencia.
Una propuesta para esta crisis y para el futuro
La propuesta de un IMGpara la inclusión no puede quedar circunscrita a la actual crisis que estamosatravesando. Las crisis pasadas, presentes y futuras, como reiteradamente haconstatado la Fundación FIESSA, siempre proyectan sus efectos más perjudicialessobre la población más vulnerable y sobre la población que no goza de unaestabilidad permanente.
Antes de la crisiseconómica de 2008, cerca de 240.000 personas se beneficiaban de las diferentesrentas mínimas, lo que evidenciaba la necesidad de un último colchón deasistencia a las personas más pobres de nuestra sociedad, incluso en la épocade bonanza económica. En el año 2018, tras cuatro años de recuperacióneconómica, casi 680.000 personas se beneficiaban de este tipo de ingresosmínimos.
El VIII InformeFOESSA evidencia que ni siquiera en 2018 el sistema estaba siendo capaz dealcanzar a cubrir las necesidades de una parte importante de la población queatravesaba graves dificultades económicas: los beneficiarios de las rentas mínimasapenas alcanzaban al 33% de las personas que sufrían la pobreza severa. Estosignifica que, aún sin haberse producido la actual crisis, ya era necesario unarevisión, adaptación y extensión de la cobertura de las rentas mínimas.
Esta crisis que hallegado sin avisar va a incrementar notablemente los potenciales beneficiariosde esta ayuda, por las consecuencias que está teniendo y tendrá en los ingresosde las familias. Por ello, es urgente la implementación de un ingreso mínimo decarácter estatal que asegure una red de protección económica a quienes yasufrían la exclusión social, a quienes se han incorporado en las pocas semanasque llevamos de crisis, y a los que irán cayendo en esta situación en lospróximos tiempos.