​Carlos García Carbayo asegura que “es inaceptable el chantaje del Gobierno de España, que quiere incautarse del dinero de los salmantinos”

El alcalde de Salamanca y secretario general del Partido Popular de Salamanca ha participado en un encuentro con el vicesecretario general de Política Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol

 Obras Plaza Barcelona (8) Carlos García Carbayo
Obras Plaza Barcelona (8) Carlos García Carbayo

El alcalde de Salamanca y secretario general del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha participado este miércoles en un encuentro con el vicesecretario general de Política Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol, donde los populares han reafirmado su negativa a aceptar el chantaje del Gobierno para incautarse de los ahorros de las entidades locales a través del Real Decreto 27/2020, de 4 de agosto.

Durante la reunión se recordó que el extraordinario esfuerzo realizado por ayuntamientos y diputaciones durante la pandemia no se ha visto correspondido por el Gobierno de España que, durante la fase más dura, no destinó un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo.

Ante esta situación, ayuntamientos y diputaciones solicitaron poder disponer del 100% de los remanentes de tesorería generados durante los últimos años para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar, primero contra la pandemia, y después contra la crisis sanitaria, social y económica, sin poner en riesgo la capacidad financiera de las entidades locales y siempre en coordinación con las Comunidades Autónomas y el Estado.

Al mismo tiempo, se solicitó la transferencia de una parte proporcional de los fondos europeos que reciba España, para poder compensar el impacto del Covid-19 en las arcas municipales, y la creación de un fondo en ayudas directas e incondicionadas para compensar el déficit en los servicios de transporte públicos y para cubrir el coste de la colaboración en la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

Sin embargo, el Gobierno de España presentó a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una propuesta de acuerdo, aprobada con los únicos votos a favor de los alcaldes socialistas más el voto de calidad del presidente, el también socialista Abel Caballero, que no responde a las necesidades y peticiones de las entidades locales, y constituye una agresión a la autonomía local reconocida en los artículos 137 y 142 de la Constitución Española.

Para García Carbayo, “es inaceptable el chantaje del Gobierno de España, que quiere incautarse del dinero de los salmantinos”. Por eso, “el Partido Popular no está dispuesto a entregar los ahorros municipales, de todos los vecinos, para que el Gobierno los utilice en su agenda política durante casi dos décadas mientras las entidades locales se ven privadas de dichos fondos”.

Así, se obligará a las entidades locales a gastar el dinero recibido posteriormente en una lista de actuaciones definidas por el Gobierno, entre las que no se encuentra ninguna relativa al fomento del empleo o al apoyo a autónomos, empresas y comercios. “Quién mejor que los ayuntamientos y diputaciones para saber en qué gastar nuestro dinero, el dinero de los ciudadanos, que no es del Gobierno; los grupos políticos salmantinos hemos decidido en qué gastar nuestro dinero, a través de un acuerdo pactado entre todos los partidos políticos con representación municipal, las decisiones sobre nuestros ahorros se toman desde la Plaza Mayor, no desde el Palacio de la Moncloa”, añade el alcalde de Salamanca.

El secretario general de los populares salmantinos considera que este “atropello a la autonomía municipal” es, además, “una ruptura del consenso en actuaciones y resoluciones de la FEMP”, una institución que representa a más de 8.000 ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares, entre otras entidades locales.

García Carbayo denuncia que en este conflicto del Partido Socialista contra los ayuntamientos de España, “el PSOE se ha quedado solo frente al resto de grupos políticos y quiere imponer al municipalismo su programa político”. Por eso, pide al Gobierno que recapacite y mejore la financiación local sin “una propuesta que esconde un chantaje inaceptable y podría vulnerar los principios de autonomía y suficiencia financiera que la Constitución consagra como base de la gestión de las entidades locales”.

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